Los galenos consideran que algunas medidas de la Alcaldía y Gobernación pueden ser contrarias.
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La Federación Médica Colombiana envió una segunda carta al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo y a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, en donde recomiendan fortalecer medidas en la atención de la crisis generada por el COVID-19 que van desde la articulación de decisiones por ambas administraciones, hasta toma de muestras masivas y una cuarentena estricta.
En la misiva los galenos advierten que se requiere un centro único de mando que dirija y oriente la estrategia de atención, «pues hay uno en la Alcaldía de Barranquilla y otro en la Gobernación, por lo cual se toman decisiones que generan acciones distintas y hasta contrarias ante un mismo problema, tornando ineficaces y de poco impacto a las propuestas de solución así gestadas».
En consideración de la Federación, se debe evitar la duplicación y atomización de esfuerzos mediante un centro único de mando que dirija la estrategia contra la pandemia y concentre la referencia y contrarreferencia de pacientes en un Centro único de Regulación de Urgencias y Emergencias (CRUE) para el Atlántico y Barranquilla, juntos. «Hay experiencias que demuestran que con un CRUE único de carácter territorial se logra:
1. Efectiva ubicación de pacientes en los diferentes niveles de atención
2. Utilización correcta de camas, acorde con el portafolio real dispuesto y disponible de servicios de las IPS públicas y privadas
3. Mejor conocimiento de la organización de la red, de la oferta de servicios de salud y de sus diferentes grados de complejidad (camas, personal sanitario, ambulancias, etc.) para aceptar, remitir, recibir y atender oportunamente a los enfermos»
Cuarentena estricta
Los profesionales de la salud consideran que «es necesario y oportuno» que se implemente una cuarentena estricta por un tiempo inicial de 14 días. «Esto podrá permitir disminuir la tasa de contagios y adelantar las adecuaciones pertinentes dentro del sistema de salud, con la integración funcional entre el departamento y el distrito. Esto supone el diseño y ejecución de una política social de renta básica con garantía de alimentación y de servicios públicos básicos, dirigida a las poblaciones informal e independiente y a las pequeñas y medianas empresas, que posibilite el confinamiento. Para ello es necesario evaluar los recursos de que dispone el gobierno nacional destinado a estos fines. Se debe evaluar y planificar la posibilidad de una posterior apertura gradual y controlada, con rigurosas medidas de bioseguridad y distanciamiento social en el transporte público, escenarios comerciales, bancos y demás espacios que impliquen aglomeraciones».
La Federación recomienda disponer de una clara y firme política de salud pública con equipos de atención debidamente entrenados, bioprotegidos y con contratación digna y estable, desplegados por todo el territorio para hacer educación comunitaria, toma masiva y aleatoria de pruebas diagnósticas y rastreo de contactos a las siguientes personas de alto riesgo de ser contagiados y propagar la enfermedad:
1. Personal de salud
2. Fuerza pública
3. Empleados bancarios
4. Empleados de comercio de alimentos
5. Conductores de transporte público
«Los resultados de las pruebas deben entregarse entre 24 y 72 horas después de haber sido tomadas; ante la sospecha de contagio se debe proceder de inmediato a identificar a los afectados y sus contactos, aislarlos y establecer los cercos epidemiológicos correspondientes. Para este propósito es fundamental que las EPS cumplan con su obligación de garantizar la toma de muestras, analizarlas y reportar rápidamente los resultados a sus afiliados y a las autoridades sanitarias», señala.
La carta finaliza manifestando la esperanza que tiene el gremio de tener una respuesta positiva ya no ocurrió así en una comunicación enviada a principios de junio.