La decisión pone fin a un vínculo contractual de 36 años y se hará efectiva el 1 de noviembre. Además, la transición tendrá la posibilidad de prorrogarse por otros 12 meses, mientras se adelantan los ajustes administrativos y operativos del fondo
El contrato que durante 36 años ha regulado la administración fiduciaria del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) llegará a su fin el sábado 31 de octubre de 2026.
El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decidió no prorrogar el acuerdo con Fiduprevisora S. A. y anunció que, a partir del 1 de noviembre de 2026, comienza un proceso de transición que se extenderá inicialmente durante un año y podrá ampliarse por otro más.
La decisión fue comunicada el viernes 30 de octubre por el Ministerio de Educación Nacional, durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fomag. La determinación corresponde al Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito con Fiduprevisora S. A., cuyo vencimiento está previsto para el último día de este mes.
El cambio en la administración del fondo se produce en medio de los cuestionamientos y las fallas identificadas en el funcionamiento del sistema de salud del magisterio. Frente a este escenario, el Gobierno nacional anunció que la transición tendrá como prioridad evitar que los docentes y sus beneficiarios resulten afectados por la finalización del contrato, especialmente en lo relacionado con la atención médica y el reconocimiento de sus derechos económicos.
Un contrato de 36 años llega a su fin
La ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, explicó que la determinación responde a la necesidad de no mantener las condiciones que, según los análisis realizados, han contribuido a los problemas del sistema.
“No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias. El Fomag no es solo un instrumento administrativo o financiero, es el mecanismo a través del cual el Estado debe responder por los derechos de quienes educan a Colombia. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella asume la responsabilidad de conducir esta transición, corregir las fallas documentadas y rendir cuentas sobre los avances y asuntos pendientes”, afirmó la funcionaria.
La ministra también aclaró que la decisión no implica desconocer los derechos adquiridos por los maestros ni las conquistas laborales del sector. Según lo informado por la cartera de Educación, la finalización del contrato tampoco debe convertirse en un motivo para interrumpir los servicios que actualmente reciben los afiliados.
En ese sentido, uno de los principales asuntos que deberá resolverse durante la transición es la continuidad de la operación del sistema mientras se revisan sus condiciones administrativas y financieras. El proceso también deberá permitir identificar los aspectos que requieren ajustes y establecer las medidas necesarias para corregir las fallas documentadas.
El vencimiento del contrato no supone, por tanto, que los docentes deban iniciar nuevamente sus procesos de atención médica o que pierdan el acceso a las prestaciones que les corresponden. El Ministerio indicó que las medidas previstas buscan mantener los servicios y los procedimientos de acuerdo con las condiciones y términos aplicables.
¿Qué pasará con la salud de los maestros?
Uno de los puntos centrales del anuncio es la continuidad de la atención médica para los afiliados al Fomag y sus familias. El Gobierno informó que durante el periodo de transición deberán mantenerse los tratamientos que ya comenzaron, el suministro de medicamentos y la prestación de los servicios por parte de las instituciones prestadoras de salud (IPS).
Esto significa que las medidas que se adopten para cambiar las condiciones de administración del Fondo deberán contemplar a los pacientes que actualmente reciben atención y a quienes necesitan continuar con procedimientos médicos, controles o tratamientos formulados.
La preocupación por la prestación de estos servicios también fue abordada por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, quien señaló que las dificultades administrativas no deben trasladarse a los docentes ni afectar sus derechos. “Los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas. La salud y las prestaciones sociales son derechos que el Estado debe proteger. Esta transición debe poner a los afiliados en el centro y asegurar que sus derechos no se vean afectados”, señaló.
En materia económica, el Gobierno indicó que también deberá garantizarse el trámite y reconocimiento de las prestaciones sociales de los maestros, conforme a los procedimientos establecidos y los términos correspondientes. Esto implica mantener la gestión de las solicitudes y los procesos que se encuentren en curso durante el cambio de administración.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, se refirió al manejo de los recursos destinados a la atención del magisterio y a la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento sobre su utilización. “Los recursos destinados a la salud del magisterio deben administrarse con transparencia, trazabilidad y control, y traducirse en atención efectiva para los maestros y sus familias”, sostuvo el jefe de cartera.
Fiduprevisora deberá presentar un plan de transición
Como parte de las medidas anunciadas, el Ministerio de Educación Nacional solicitó a Fiduprevisora S. A. un plan detallado de actividades para garantizar el funcionamiento del sistema durante el periodo de transición. El documento deberá contemplar las acciones necesarias para mantener la operación y evitar que el vencimiento del contrato genere dificultades en la atención de los maestros y sus beneficiarios.
Adicionalmente, la cartera de Educación pidió a la Superintendencia Nacional de Salud realizar un seguimiento especial y ejercer vigilancia sobre los servicios que las IPS prestan a los afiliados al Fomag.
La intervención de la entidad de vigilancia estará enfocada en verificar que los maestros y sus familias puedan continuar accediendo a los servicios médicos, sin que las modificaciones administrativas afecten la atención. Este acompañamiento se suma a las medidas que deberán implementarse para mantener los tratamientos y el suministro de medicamentos.
