El contrato se había celebrado hace 36 años con la Fiduprevisora S.A.
En horas de la noche de este viernes, 30 de octubre, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, anunció que no va más el contrato del Fomag con la Fiduprevisora S.A. ¿Qué sucederá ahora?
Este viernes, 30 de octubre, cerró con una noticia trascendental para quienes hacen parte del Magisterio. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, anunció, a través de un video que el contrato entre el Fomag y la Fiduprevisora S.A., que se había extendido por más de tres décadas, no se prorrogará.
Había sido firmado el 21 de junio del año 1990 entre el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora y, a lo largo de todos estos años, se había extendido. «Después de 36 años de vigencia de este contrato, se toma una decisión de carácter histórico, una decisión de Estado, para proteger los derechos fundamentales y para tratar de corregir todas las situaciones adversas e irregulares que han sido me presentadas en la ejecución del contrato», aseguró Hoyos, a través de un video.
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El plazo de ese contrato vence el próximo 31 de octubre y, de acuerdo a lo publicado por esa cartera, la transición empezará desde el 1 de noviembre. «Será por un año, prorrogable durante un año más», señala el Mineducación en un comunicado. «Se adoptarán las medidas necesarias para mantener la continuidad de la atención en salud, incluidos los tratamientos en curso y el acceso a medicamentos, así como el trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas conforme a los procedimientos y términos aplicables. Asimismo, se revisarán y corregirán las condiciones de administración y operación del sistema».
De acuerdo a lo explicado por Hoyos, la decisión se tomó tras una reunión del Consejo Directivo del FOMAG (en donde está el Mintrabajo y el Minhacienda), y teniendo en cuenta los informes técnicos. Aseguró que se adelantarán todos los estudios presentar las condiciones para «una licitación pública que nos permita ofrecer un nuevo servicio teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Ley 91 de 1989″.
Así mismo, la ministra señaló que ha solicitado una auditoría forense para que «se investigue qué ha pasado durante estos 36 años con este contrato. Hemos solicitado, en igual forma, a la Procuraduría General de la Nación que nos acompañe en el proceso de liquidación y en este proceso de transición». Otra petición le hizo a la Superintendencia de Salud: que haga una labor de seguimiento y vigilancia para que las IPS presenten el correcto servicio de salud a los maestros y sus familias.
«Los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas. La salud y las prestaciones sociales son derechos que el Estado debe proteger. Esta transición debe poner a los afiliados en el centro y asegurar que sus derechos no se vean afectados», dijo, por su parte, la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, también pidió que los recursos del Magisterio se administren «con transparencia, trazabilidad y control».
¿Qué rol ha tenido la Fiduprevisora?
Para dimensionar qué es lo que está en juego con esta decisión, basta con saber que el magisterio tiene más de 800.000 afiliados. Hasta el 2024, 401.114 eran mayores de 50 años (48,9 %) y 113.789 (13,89 %) mayores de 69 años.
Su salud, en los últimos 30 años, ha estado a cargo de tres grandes actores: el FOMAG, una gran bolsa de recursos que reúne los dineros de pensión, cesantías y cotizaciones de los docentes, pero que no administra esa plata. Para eso, contrata a la Fiduprevisora S.A., una fiducia de la cual el Estado es socio mayoritario y es responsable de abrir una licitación para contratar los servicios de salud con los operadores, que son el tercer actor esencial.
Sin embargo, ese modelo ha tenido una larga lista de problemas que se hicieron evidentes desde hace dos años cuando el gobierno de Gustavo Petro lo transformó, levantando críticas, incluso, al interior de Fecode, que agremia a los sindicatos de los profesores. El expresidente, de hecho, afirmó en algunas oportunidades que detrás de la elección de operadores había una «presunta red de corrupción».
