Durante el reciente paro armado de las AGC al menos 10 departamentos sufrieron por sus acciones violentas, la situación fue aún más dramática en Urabá.
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La policía estima que este grupo tiene en la región cerca de 1400 integrantes, aunque no todos están armados.
En cada municipio tienen localizados unos “puntos” que son lugares estratégicos para sus informantes, para el control social y para detectar cualquier operativo de las autoridades.
Muchos de sus integrantes han combatido en otros grupos armados, el Estado les ha puesto diferentes nombres, ellos se hacen llamar AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) pero, en el fondo, son bandas herederas del paramilitarismo. Cobran por el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la tala ilícita de bosques, el tráfico de personas, la usura conocida como “gota a gota” y la extorsión que es innegable pero que pocos denuncian.
Tras varios consejos de seguridad en Urabá, las autoridades aumentaron de 600 a 5000 millones el monto de la recompensa por Siopas, Gonzalito y Chiquito Malo. Esos son los alias de quienes sucedieron a Dairo Úsuga, conocido como Otoniel, extraditado a Estados Unidos. Pero la policía sabe que aquí pueden capturar a todos los jefes y sin embargo habrá un ejército potencial de nuevos integrantes de esos grupos porque menos del 20% de los bachilleres logran ingresar a la educación superior y hay cifras preocupantes de desempleo juvenil. Escuche al coronel Óscar Cortés, comandante regional de esa institución.
Las AGC están agrupadas en 7 subestructuras. Tienen nexos con unas 18 bandas y combos en la región. Han exportado su modelo criminal por todo el Caribe y la costa Pacífica. Aunque en las carreteras de Urabá son evidentes los retenes de la Policía y el Ejército y en los ríos y el golfo está la Armada, nada hace pensar, como dijo el presidente Duque, que ese grupo ilegal esté cerca de su fin.
En Urabá pueden capturar a alias “El Alemán”, a “Don Mario”, a “Otoniel” o a los sucesores. Pero nada cambiará mientras no se sepa ni se condene a quienes se benefician del accionar paramilitar. Eso dice Gerardo Vega quien ha estudiado durante décadas la violencia en la zona. Hizo parte de uno de sus acuerdos de paz y hoy lidera una ONG que se llama Forjando Futuros en la que trabajan -por ejemplo- en Derechos Humanos y restitución de tierras. En su opinión, el reciente paro de las AGC logró intimidar a la población, doblegarla y paralizarla. Además, asegura que esas acciones dejaron en evidencia la ineficacia de la Fuerza Pública para proteger a los ciudadanos de Urabá y advierte que ese grupo armado está enviando un mensaje a sus socios para que sepan en todos sus mercados que siguen activos en la cadena del narcotráfico. Escuche el análisis de Gerardo Vega
6 de cada 10 habitantes de Urabá han sido reconocidos como víctimas. Muchos de ellos aún no han recibido la reparación a la que tienen derecho ni han conocido la verdad de lo ocurrido en los episodios más oscuros de la guerra por el control de esa región. Hay una enorme decepción después de la extradición de alias Otoniel porque muchas víctimas consideran que falta mucho por saber sobre sus crímenes y sus aliados. Una de ellas es Silvia Berrocal quien, con otras 60 mujeres, conformó hace unos años Comupaz, una asociación de víctimas de las FARC. Con ellas ha hecho proyectos sociales y talleres, pero, sobre todo, se han acompañado y se ayudan mutuamente para hacer el duelo.
Comupaz asesora a víctimas de Urabá en sus trámites ante el Estado y las ha representado en diferentes espacios. Les importa la reparación y la justicia, pero, sobre todo, quieren saber la verdad. Mientras los victimarios no cuenten lo ocurrido, asegura, habrá una herida que no terminará de cicatrizar y madres como Doña Silvia seguirán haciendo preguntas. Ella fue víctima de las FARC pero -por su liderazgo- otras víctimas de todos los grupos armados le pidieron que hablara por ellos. Hoy quisiera conocer por fin una época de paz en la región. Pero eso no sucederá, dice, si no hay suficientes oportunidades para sus jóvenes. Escuche a Doña Silvia, madre de un menor asesinado en la masacre del barrio obrero en Apartadó.
Diferentes investigaciones han demostrado que, detrás de las diferentes violencias en Urabá, ha estado latente una lucha por la propiedad de esta tierra fértil, bendecida por la naturaleza y estratégicamente ubicada. Eso explica la estrategia de despojo aplicada en la región y luego extendida por el país y que supuso amenazas, asesinatos, desplazamientos, compras forzadas y legalización irregular de muchas transacciones de tierras. La ONG Forjando Futuros tiene una base de datos que hace seguimiento a cada proceso de restitución de tierras, cada reclamante y cada despojador. Diez años después de expedida la norma, ni siquiera el 10% de los procesos han sido resueltos a favor de las víctimas. Una de ellas es Ayineth Pérez y encabeza una asociación de más de 550 despojados conocida como Tierra y Paz.
Ayineth lleva más de 15 años esperando la restitución de unos predios que paramilitares de Urabá le quitaron a sus padres en la vereda Tulapas de Turbo usando un método efectivo y extendido: un arma y un notario.
Esta líder conoce casos y víctimas en 9 municipios de Urabá. Con paro armado o sin él, en muchas veredas debe pedir permiso a las bandas herederas del paramilitarismo para reunirse con líderes comunales o con campesinos despojados. No oculta que tiene temor; pero recuperar esa finca y ayudar a otros despojados es una manera de honrar padre y madre.
