Álvaro Guerrero Arango
El dirigente alertó al Concejo de la ciudad sobre la crítica situación en la que recibió la entidad.
En medio de una exposición sobre la situación de la infraestructura física de la ciudad en el Concejo, el nuevo director del Inder, Eduardo Silva Meluk, presentó un balance de la situación en la que encontró la entidad.
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Lo primero que destacó Silva es que durante el último cuatrienio el Inder decidió tercerizar con otras entidades, principalmente con Metroparques, los proyectos y actividades que históricamente habían hecho parte de su objeto misional, como el desarrollo de programas de fomento, los programas de presupuesto participativo relacionados con recreación y deportes y, más llamativamente, la dirección (reparación y construcción) de escenarios deportivos de la ciudad.
Entre 2020 y 2023, el Inder le entregó a Metroparques, que cambió su objeto social en 2020 para poder firmar este tipo de contratos, $124.000 millones para la construcción y reparación de escenarios deportivos, $52.000 millones para programas de presupuesto participativo y $17.000 millones para programas de fomento. En total, $193.000 millones que fueron entregados directamente vía contratos interadministrativos.
Otra de las entidades que durante los últimos cuatro años se dedicó a contratar con el Inder para que este cumpliera su objeto social fue la Corporación Interuniversitaria de Servicios, CIS, que recibió de esta entidad más de $87.000 millones.
En total, entre 2020 y 2023, el Inder entregó $346.216 millones en 49 contratos vía convenios interadministrativos. Si el Inder hubiera contratado esos proyectos y actividades directamente como lo había hecho históricamente y no lo hubiera tercerizado, se hubiera ahorrado más de $27.000 millones que tuvo que pagar en comisiones y gastos administrativos a Metroparques y la CIS.
“Le entregamos a otros lo que sabíamos hacer”, apuntó Silva Meluk, recordado ex presidente del Independiente Medellín.
El dirigente también cuestionó la excesiva planta de personal con la que se encontró, pues solo en el área jurídica hay contratados 37 abogados cuando, según él, la entidad puede operar correctamente con 20 o 25. En total, de acuerdo con el informe, la planta del Inder está sobrevalorada en aproximadamente $5.000 millones al año.
Respecto al estado de los 1.030 escenarios deportivos públicos de la ciudad, Silva se remitió a un análisis que fue entregado en la entidad hace cuatro meses, durante la anterior administración.
Ese estudio revela que solo el 29 % de los escenarios deportivos de la ciudad están en buen estado, el 65% requieren reparaciones importantes y el 6% (64 escenarios) están prácticamente en la ruina.
Silva aseguró que dentro de la entidad se está llevando a cabo una suerte de auditoría para saber por qué si se le entregaron tantos recursos a Metroparques para que mantuviera en buen estado los escenarios, estos se encuentran en esa situación de deterioro y abandono.
Ante esta crítica situación el panorama financiero no es esperanzador. Del presupuesto de $109.000 que aprobó la pasada administración para este año, $57.000, el 52%, son para recurso humano, y solo $34.000, el 31%, para construcción y mantenimiento de escenarios deportivos. El restante es para realizar actividades de fomento y desarrollo deportivo y recreativo.
Con las necesidades actuales del Inder, de seguir con la misma estructura de gastos e inversiones de la pasada administración, la plata que tiene la entidad para todo el año se acabaría en agosto, según Silva.
No obstante, el dirigente aseguró que durante su gestión se hará un uso eficiente de los recursos que permita corregir el rumbo del Inder y reparar cuanto antes los escenarios que se encuentran en peor estado. Según dijo, le dará prioridad a aquellos donde haya más concurrencia de personas.
Justamente ayer martes 16 de enero, la Fiscalía General de la Nación imputó al ex gerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, por cometer presuntamente delitos en contra de la administración pública, celebrar contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Todo esto precisamente en un convenio interadministrativo de $21.826 millones que firmó con el Inder en 2020.