POR JESSICA QUINTERO SERNA |
Juez reversó tutela en favor de esa unión temporal que puso en vilo embargos para recuperar $70.000 millones. Gobierno pidió investigarlo por prevaricato.
No alcanzaron a pasar dos horas desde que el presidente Iván Duque pidiera desde Corea del Sur investigar a Alberto Mario Ospino, juez promiscuo de Puerto Colombia, Atlántico, por suspender –vía tutela– la caducidad del polémico contrato del Ministerio de las TIC con Centros Poblados, para que ese mismo funcionario judicial reversara su decisión.
Este juez, que tiene su despacho en el mismo municipio donde también reside el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque –quien radicó la tutela–, había suspendido de forma temporal, a través del oficio 0805 del 24 de agosto, la orden de caducar ese contrato impartida por el Ministerio hace una semana y, con la cual, también determinó el embargo de cuentas bancarias y bienes inmuebles.
Sin embargo, y ante las declaraciones del presidente Duque, que en medio de su visita de Estado a Corea del Sur manifestó que la situación “amerita, por lo menos, un análisis de la Comisión de Disciplina Judicial” para esclarecer las fallas que, a su criterio, se evidenciaban en el proceso, el juez Ospino resolvió este miércoles dejar sin efecto la decisión que inicialmente había tomado.
Así mismo, el juez promiscuo de Puerto Colombia remitió el caso a un par suyo civil del Circuito de Barranquilla para segunda instancia.
Una vez se conoció el auto, la ministra Karen Abudinen reiteró que “la caducidad del contrato y las medidas que hemos adoptado para proteger los recursos y el desarrollo de este proyecto de conectividad, siguen en pie”. Y advirtió que el juez “se dio cuenta de que no era competente, eso también es prevaricar, dilatar los tiempos es prevaricar (…) nos han metido cuatro tutelas.
De hecho, durante un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara, reveló que al dejar en pie la caducidad se mantiene también el embargo de dos lotes avaluados en $25.000 millones que, junto a las propiedades, bienes y cuentas de bancos –que suman otros $15.000 millones–, se han recuperado $40.000 millones del anticipo de $70.000 millones que ha estado en riesgo de perderse y que hacían parte del contrato 1043 de 2020 por $1,07 billones, que se firmó para llevar conectividad a más de 7.000 colegios públicos de 15 departamentos.
En todo caso, la jugada judicial generó alerta. Si la tutela seguía en firme, toda la caducidad se caía y, por ende, Centros Poblados seguiría con el manejo de los recursos embargados y hasta hubiese impedido que la bogotana ETB acogiera el proceso de conectividad. De hecho, la ministra Abudinen se refirió a la tutela como “temeraria”.
Jorge Beltrán Pardo, experto en Contratación Pública, explicó que, como era una medida cautelar, no era una decisión definitiva: “Lo que significa que había que esperar al fallo del juez de tutela, que hubiese tenido efectos de aplicación inmediatos una vez expido el fallo”, que fue lo que decidió pasar desde este miércoles a una segunda instancia.
Y, tras quedar sin efecto la decisión del 24 de agosto, Beltrán reiteró –como lo hizo la ministra Abudinen– que la caducidad del Ministerio que generaba “embargos, inhabilidad sobreviniente respecto de otros contratos y la posibilidad de readjudicar a segundo proponente en orden de elegibilidad, siguen firmes”.
Así mismo, señaló Beltrán, la decisión no genera ningún impacto sobre el control político que se está ejerciendo en el Congreso a la Ministra, “ni desvirtúa la posibilidad que el nuevo juez de conocimiento se vuelva a pronunciar respecto de la solicitud de la medida cautelar”.
De este modo, el siguiente paso en este polémico caso es la citación de la Ministra a la moción de censura a la que se enfrentará el próximo viernes 3 de septiembre en la Cámara. Y, para este jueves, el apoderado judicial de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, y el representante legal Duque, citaron a una declaración pública para dar a conocer el nuevo movimiento jurídico que esperan dar y ratificar que, a su juicio, su unión temporal no tiene responsabilidad sobre las irregularidades denunciadas.
