La Defensoría advirtió que las comunidades se ven doblemente afectadas. Además de las acciones violentas de los criminales, son amenazadas por el posible desbordamiento del río San Juan.
Maria Victoria Caicedo G72 horas han pasado desde que inició el paro armado anunciado por el Frente de Guerra Occidental del ELN en buena parte del sur del departamento de Chocó, y la situación es cada vez más crítica. Más de 50 mil personas pertenecientes a comunidades indígenas y afro, están confinadas y en riesgo inminente de desabastecimiento.
El panorama humanitario es preocupante, no solo por las acciones violentas de los criminales, sino por las amenazas de desbordamiento del río San Juan a causa de la temporada de lluvias.
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Según la Defensoría, al menos 85 comunidades están siendo doblemente afectadas, padeciendo las consecuencias de una interminable guerra y el saqueo de su territorio y recursos naturales. Lo que es aún más grave, es la ausencia de medidas de fondo para liberar a las comunidades del dominio de los actores armados.
Allí, los elenos están en guerra con los criminales del Clan del Golfo por el control del territorio.
“La limitación del acceso a los servicios esenciales como alimentación, salud, educación agravan el lamentable panorama. Los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento”, dijo el defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina.
En la actualidad el paro armado afecta a los pobladores que habitan en inmediaciones de los ríos San Juan, Sipí y Cajón y a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, así como de quienes forman parte de los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.
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El organismo solicita al Gobierno Nacional atender las cuatro alertas tempranas que ha emitido para aliviar la crisis humanitaria en el territorio. “Máxime que durante el 2023 hubo seis paros armados en el departamento, más dos que ya son registrados en este 2024”.