Cada vez que Riohacha enfrenta una suspensión prolongada del servicio eléctrico aparece otro problema que ya dejó de ser ocasional: la caída de las comunicaciones.
Si se interrumpe el servicio de energía y, poco después, comienzan las dificultades con llamadas, datos móviles e internet. Para una capital departamental, esta dependencia debería preocupar tanto a las empresas como a las autoridades.
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La ciudadanía paga mensualmente planes de telefonía e internet a operadores como Claro, Movistar, Tigo, WOM y otros proveedores. Por eso resulta legítimo preguntar qué capacidad de respaldo tienen sus antenas, nodos y demás equipos cuando falla la energía. No se trata de exigir que las empresas hagan milagros, sino de reclamar infraestructura preparada para contingencias previsibles.
Hoy una conexión estable dejó de ser un lujo. Por internet se estudia, se trabaja, se vende, se compra, se consulta una cuenta bancaria y se pide ayuda. Un comerciante puede perder ventas; un estudiante queda desconectado de sus obligaciones y una familia puede encontrar dificultades para comunicarse durante una emergencia. Riohacha merece más conectividad ante esa vulnerabilidad.
Las antenas de telefonía móvil y diversos equipos de telecomunicaciones necesitan electricidad para operar. Algunas instalaciones cuentan con baterías o sistemas alternativos, pero su autonomía puede agotarse cuando una interrupción se prolonga. Precisamente ahí aparece la pregunta que deberían responder públicamente los operadores: ¿cuánto tiempo pueden mantener funcionando sus redes sin suministro convencional?
También existen gabinetes, nodos de fibra y otros componentes distribuidos por la ciudad que pueden quedar afectados cuando carecen de respaldo suficiente. Dentro de las viviendas ocurre algo distinto: el módem se apaga inmediatamente si no existe una UPS o batería. Pero incluso teniendo respaldo doméstico, poco sirve mantener encendido el dispositivo si la infraestructura externa ya dejó de funcionar.
Lo preocupante es que Riohacha conoce con anticipación muchas de estas suspensiones. Cuando la empresa de energía anuncia mantenimientos de ocho, diez u once horas, los operadores de telecomunicaciones también deberían activar planes de contingencia. La ciudad necesita saber qué hacen esas compañías para conservar la conectividad durante esos periodos y qué inversiones tienen previstas para mejorar su autonomía.
Aquí también existe una responsabilidad pública. La alcaldía de Riohacha y la gobernación de La Guajira deberían solicitar información técnica a cada operador sobre sistemas de respaldo, cobertura durante apagones y proyectos de modernización. Los ciudadanos no pueden continuar escuchando explicaciones después de cada interrupción sin conocer qué medidas se están adoptando para evitar que la situación se repita.
Durante años se ha hablado de competitividad, transformación digital y oportunidades para La Guajira. Ninguno de esos conceptos tendrá verdadero sentido mientras una suspensión eléctrica pueda dejar incomunicada a buena parte de la capital. Una ciudad que busca atraer empresas, mejorar su educación y ofrecer servicios modernos necesita telecomunicaciones capaces de responder incluso cuando la red eléctrica presenta dificultades.
Riohacha no está pidiendo privilegios. Está reclamando el servicio por el cual sus habitantes pagan. Las compañías reciben recursos todos los meses de miles de usuarios y tienen una responsabilidad con quienes confían en sus redes. Las autoridades, por su parte, deben asumir una posición firme. Porque cada vez que se apagan simultáneamente la luz y las comunicaciones, queda expuesta una deuda tecnológica que la ciudad ya no debería seguir normalizando.
