El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este jueves medidas de coerción a los siete implicados en la supuesta red de estafadores inmobiliarios desmantelada mediante la Operación Nido.
Emmanuel Rivera Ledesma, principal señalado en la estafa, le fue impuesta la prisión preventiva de 18 meses en la cárcel Najayo-Hombres. El magistrado declaró el caso complejo.
También dispuso prisión preventiva contra el hijo de Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo; la hermana del principal señalado, Mirna Catalina Rivera Ledesma y el financiero del proyecto, Juan Omar Rosario López.
Asimismo, ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilin Arismendy Rosario García, quien colaboró con el Ministerio Público.
En tanto, María Gabriela Rivera Pichardo (hija de Rivera Ledesma) y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa)tienen coerción de garantía económica a través de una compañía asegura, usar localizador electrónico (grillete) e impedimento de salida del país.
illat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
La investigación realizada por las autoridades arrojó que la supuesta red criminal utilizó las empresas Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
El Misterio Público dijo que ocupó evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.