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REPÚBLICA DOMINICANA: Aprueban en segunda lectura proyecto que establece facturación electrónica obligatoria en RD

Imagen ilustrativa sobre facturación electrónica. (DIARIO LIBRE.)

REPÚBLICA DOMINICANA:

Los diputados opositores no lograron el consenso con el oficialismo y se abstuvieron de votar.

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En su sesión de este martes, los diputados aprobaron en segunda lectura un proyecto de ley que busca establecer la facturación electrónica de manera obligatoria en el país para todas las personas físicas y jurídicas.

Aunque fue aprobado con 99 votos a favor, 57 diputados presentes -todos de la oposición- se abstuvieron de votar por el proyecto ya que no se logró un consenso con la mayoría perremeista que conforma la Cámara de Diputados.

Según la pieza elaborada y enviada por el Poder Ejecutivo, se penalizará con sanciones a quienes intenten «hackear» el sistema tributario de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para regular las facturaciones electrónicas.

Asimismo, dada la obligatoriedad del tema, se establecerá un plazo durante todo el 2023 para los grandes contribuyentes y todo el 2024 para los pequeños contribuyentes y que así puedan adaptarse a la nueva modalidad de facturación electrónica.

El proyecto abarca a todos los contribuyentes físicos y jurídicos, tanto públicos como privados, así como a entes que lleven a cabo transferencias de bienes, entregas en uso, petición y locación de servicios a título oneroso o gratuito.

Según la iniciativa, la DGII validará las facturas y documentos tributarios electrónicos para que así sirvan como sustento de los gastos y créditos fiscales.

Para esto, los contribuyentes tendrán un facturador gratuito que emitirá comprobantes fiscales electrónicos bajo un reglamento que hará el Poder Ejecutivo 60 días después de aprobada la ley en el Congreso.

Las personas que violen algunas disposiciones de esta ley estarán apresados por 1 a 5 años y con multas que van hasta cuatro veces el valor de la factura emitida de manera fraudulenta.

Mientras que el «hackeo» llevará hasta 10 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos.

Antes de ser autorizada, la iniciativa ya había contado con varios tropiezos en el hemiciclo hace un mes, cuando fué aprobada en primera lectura.

En aquella sesión, los legisladores acordaron reenviar el proyecto nuevamente a una comisión para lograr un consenso con la oposición, pero no se obtuvo la armonía deseada.

 

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