PUERTO RICO:
El jefe de la Aafaf, Omar J. Marrero, indicó que el gobierno está dispuesto a correrse “el riesgo” de una desestimación al proceso de bancarrota con tal de que no se afecte a uno de los sectores más vulnerables de la población.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero, aseguró este miércoles que, a pesar de que el gobierno es parte del proceso de mediación para modificar la deuda de Puerto Rico, la administración de Pedro Pierluisi no respaldará ningún plan de ajuste que contenga un recorte adicional a las pensiones de los empleados del sector público.
El rechazo de la administración Pierluisi a un recorte en las pensiones es tan contundente, dijo Marrero, que el gobierno no dará paso a ninguna legislación que viabilice tal medida.
Sobre todo, Marrero indicó que el gobierno está dispuesto a correrse “el riesgo” de que el plan de ajuste contemple tratos distintos a acreedores en igualdad de condiciones o que el tribunal considere desestimar el proceso de bancarrota ante la falta de un acuerdo entre las partes.
Marrero señaló que en el tema de las pensiones, pero también en lo que atañe a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la condición financiera de los municipios, la administración Pierluisi y la legislatura controlada por el Partido Popular Democrático (PPD) están “en la misma posición”.
De todos los temas que han suscitado discrepancias entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), “el punto más neurálgico han sido las pensiones”, admitió Marrero.
Marrero hizo sus expresiones en una conferencia de prensa este miércoles, donde el funcionario habló de la agenda que seguirá la Aafaf durante los primeros 100 días de la administración Pierluisi.
La agenda de la Aafaf también incluye dar apoyo al gobierno para continuar con el desembolso de fondos por el coronavirus, completar la revisión del plan fiscal que debe presentarse el próximo 20 de febrero, donde se incluirían las medidas que interesa la administración Pierluisi y colaborar con el proceso presupuestario en curso.
En esa agenda, la prioridad del gobierno se centra en negociar la deuda pública y contribuir a que la JSF logre elaborar un plan de ajuste confirmable. Es decir, el gobierno respaldaría “la parte financiera” del plan de ajuste, pero no el componente del plan que requeriría el recorte a las pensiones del sector público.
Empero, quien posee facultad exclusiva para presentar el plan de ajuste al tribunal según la ley federal Promesa es la JSF. Y los supuestos del plan que la JSF ha puesto en la mesa incluyen recortar las pensiones a jubilados del sector público con un beneficio superior a $1,500 al mes; utilizar parte del efectivo acumulado en el fisco para darlo a los bonistas y sacrificar la creación de un fideicomiso que daría al gobierno un cojín de efectivo en caso de que falte dinero para cumplir con el sistema Pay-Go.
A través del plan de ajuste del gobierno central y que debe presentarse en o antes del próximo 10 de febrero, la JSF busca modificar unos $35,000 millones en obligaciones del gobierno central y que incluyen desde las Obligaciones Generales (GOs) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) hasta las facturas que se adeudan a suplidores del gobierno, entre otras partidas.
La defensa del gobierno a las pensiones de los jubilados en el sector público, implicaría -considerando las disposiciones de la ley Promesa y las disposiciones del Código de Quiebras aplicables al proceso de reorganización financiera de Puerto Rico- un trato distinto en relación a otros acreedores.
Las pensiones no son una acreencia asegurada como tampoco, serían los bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) u otras acreencias del gobierno central como serían los GOs.
Marrero, quien describió el pago de las pensiones como “una obligación moral”, reconoció la existencia de tales argumentos de derecho, pero no entró en sus méritos, señalando que ello obligaría a ofrecer detalles del proceso de mediación en curso.
El Nuevo Día preguntó a Marrero por qué defender las pensiones en el sector público con tanta vehemencia y en el lado opuesto, propinar un recorte masivo a los bonistas, muchos de ellos puertorriqueños y trabajadores del sector privado.
“Los retirados del sector privado prestaron sus ahorros, todos conocemos bonistas que invirtieron, que le prestaron (dinero) al gobierno de Puerto Rico para construir obra. Nadie contemplaba que el gobierno de Puerto Rico iba a fallar, pero eso ocurrió y se crea un mecanismo para reestructurar”, sostuvo Marrero, al indicar que los prospectos de la deuda del gobierno advertían de la situación financiera del gobierno
En cambio, según Marrero, los empleados del sector público nunca consistieron que su dinero se invirtiera y mucho menos que las aportaciones patronales para el retiro de estos se utilizaran para tomar prestado a través de los Bonos de Obligaciones de Pensiones o POBs en inglés.
“El hecho de que se trate de manera distinta al pensionado con una recuperación más alta vis a vis otros acreedores es un riesgo, pero estamos dispuestos a sostenerlo. Es la política pública”, dijo el abogado al recordar que los beneficios de pensión en el sector público han sido modificados en múltiples ocasiones antes de la petición del Título III en mayo de 2017.
“La reestructuracion de la deuda es prioridad, tenemos discusiones diarias con el personal de la (JSF) para cumplir con el deadline de la semana que viene”, sostuvo Marrero haciendo referencia al plazo que otorgó la jueza Laura Taylor Swain para presentar un plan de ajuste enmendado o al menos los términos de un acuerdo modificado con los bonistas en la mesa de negociación.