Foto: Cortesía.
La representante a la Cámara por Bolívar, María Camila Salas, propone que las empresas ofrezcan el sistema prepago desde el segundo período de mora, con el fin de evitar que las deudas por el servicio de energía se vuelvan impagables.
En medio del debate sobre las altas tarifas de energía y la sostenibilidad del sistema eléctrico en el Caribe colombiano, una nueva iniciativa legislativa busca ofrecer una alternativa para los hogares que comienzan a enfrentar dificultades para pagar el servicio.
Se trata de un proyecto de ley radicado por la representante a la Cámara por Bolívar, María Camila Salas, del Partido Conservador, quien propone que la migración al sistema de energía prepago deje de ser una opción que el usuario debe solicitar y pase a convertirse en una alternativa que las empresas comercializadoras deban ofrecer cuando un cliente acumule dos períodos consecutivos de mora.
La iniciativa no crea el servicio de energía prepago, que existe en Colombia desde 2003, sino que modificaría la forma en que podría ser ofrecido a los usuarios para evitar que las deudas continúen creciendo hasta convertirse en obligaciones difíciles de pagar.
“Hoy la gente llega al prepago cuando ya perdió la batalla contra las deudas. Nosotros queremos que esa alternativa se ofrezca a tiempo para que ninguna familia tenga que escoger entre pagar una factura acumulada o cubrir sus necesidades básicas”, explicó Salas durante una entrevista con El Universal.
¿Qué cambiaría?
Actualmente, los usuarios que desean acceder al sistema prepago deben solicitarlo y asumir, en muchos casos, los costos asociados a la instalación del medidor. La propuesta busca que ese proceso sea más accesible.
El proyecto establece que, una vez el usuario complete dos períodos de mora, la empresa comercializadora deberá ofrecerle la migración al sistema prepago antes de suspender el servicio. Además, plantea que el medidor sea financiado inicialmente por la empresa y que su costo sea recuperado de forma gradual mediante las recargas realizadas por el usuario.
La iniciativa también contempla un incentivo tarifario para quienes adopten esta modalidad, la garantía de un consumo básico para hogares en condición de vulnerabilidad y la posibilidad de regresar posteriormente al sistema pospago sin sanciones.
Una respuesta inmediata a una crisis estructural
Para la congresista, el proyecto no pretende reemplazar las soluciones de fondo que reclama el Caribe frente a las tarifas de energía, sino ofrecer una herramienta que permita reducir el impacto económico sobre las familias mientras avanzan reformas de mayor alcance.
“Sabemos que existe un problema estructural en la región Caribe que requiere decisiones de política pública, tarifas diferenciales y una revisión del modelo regulatorio. Pero mientras esa discusión avanza, hay miles de familias que siguen acumulando deudas y necesitan respuestas inmediatas”, afirmó.
Según Salas, el esquema también podría beneficiar a las empresas prestadoras al reducir la cartera morosa, los procesos de cobro jurídico y los costos asociados a las reconexiones del servicio. La propuesta sostiene que el incentivo tarifario no implicaría recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación, pues sería financiado con los ahorros derivados de una menor morosidad.
Salas considera que el prepago puede convertirse en una herramienta preventiva. “Lo que buscamos es evitar que una familia llegue al punto de tener una deuda impagable, un reporte en centrales de riesgo o un proceso de cobro. El usuario tendría mayor control sobre su consumo y las empresas reducirían parte del riesgo financiero asociado a la cartera morosa”, explicó.
El proyecto fue radicado junto con otras nueve iniciativas legislativas presentadas por la representante a la Cámara en áreas como empleo, emprendimiento, educación, mujer y finanzas públicas. Ahora deberá iniciar su trámite en el Congreso de la República, donde será discutido por las comisiones y posteriormente por las plenarias de Cámara y Senado antes de convertirse, eventualmente, en ley.
