Entre los imputados están Luis Alfredo Ramos, Álvaro Vásquez y Alonso Salazar.
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La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a nueve personas por la emergencia de Hidroituango en 2018, por interés indebido en la contratación del megaproyecto, falsedad ideológica en documento público, contratación sin cumplimiento de los requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros.
De acuerdo con la investigación la obra la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquía, participaron directamente en la celebración y tramite del citado contrato, el cual fue entregado mediante una negociación directa a EPM.
Según el ente investigador, esta actuación habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y diferentes normas. En ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; al exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; al exalcalde de Medellín, Fabio Alfonso Salazar Jaramillo; y al ex gerente general de EPM, Federico José Restrepo Posada.
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La investigación revela que EPM inició el túnel de desviación que colapsó en 2018 sin la modificación de la licencia ambiental que en ese momento estaba autorizada por la ANLA.
El material de prueba da cuenta de que, con información presuntamente falsa, fue radicada una primera petición de ampliación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el 22 de diciembre de 2015, la cual fue negada.
Posteriormente, se presentó una segunda solicitud, el 5 de julio de 2016, que finalmente fue aprobada.
La Fiscalía estableció que, supuestamente, se presentaron documentos que contenían afirmaciones y hechos contrarios a la verdad porque, al parecer, se quería ocultar que las obras estaban en marcha sin el aval ambiental.
Por esto, se imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal al abogado de EPM y apoderado de Hidroituango ante la ANLA, Jesús Ignacio Echavarría Mejía; y al profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango, Hernán Sánchez Cruz.
Finalmente, las demoras en la entrada de operación de Hidroituango por cambios en los diseños, retrasos en la contratación y ejecución de las obras, problemas geológicos y geotécnicos no detectados en los estudios técnicos previos, entre otros aspectos que generaban graves consecuencias económicas; llevaron al Consorcio CCC Ituango a contratar como ‘obra extra’ un Sistema Auxiliar de Desviación del Río Cauca y la construcción de un tercer túnel o galería auxiliar.
Dicha contratación, que costó más de 127.100 millones de pesos, al parecer, no tuvo estudios geológicos suficientes y adecuados; además, no estaba definido el diseño, ni se tenía la modificación de la licencia ambiental, entre otras posibles omisiones.
Por esto, la Fiscalía imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado al vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM ESP, Luis Javier Vélez Duque; al vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM, Wilson Chinchilla Herrera; y al director de desarrollo del proyecto Hidroituango, Álvaro León Ospina Montoya.
