PERÚ:
Durante su participación en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el contralor Nelson Shack dijo que pese a que «algunos de estos funcionarios ganan más de S/ 8 000, recibieron las canastas de víveres».
La Contraloría General de la República detectó que más de 1 100 funcionarios y servidores públicos fueron beneficiados con la entrega de canastas básicas de víveres que estaban dirigidas a familias en condiciones vulnerables para ayudarlos a afrontar los efectos de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
«A pesar que algunos de estos funcionarios ganan más de S/ 8,000 soles, han recibido sus canastas de víveres, evidentemente eso es parte del control posterior que vamos a realizar apenas concluya la cuarentena. Sin embargo, quiero hacerles notar que, desde abril del año pasado, la Contraloría ya no tiene capacidad sancionadora alguna, por tanto todos estos casos de inconducta funcional y corrupción que se están encontrando van a tener que ser canalizados por otras instancias», dijo el contralor Nelson Shack durante su participación en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.
Precisó que este hallazgo fue gracias a la implementación de la plataforma “Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19”, la cual ha permitido realizar un seguimiento a la adquisición y distribución de las canastas de víveres, así como el registro de más de un millón de beneficiarios.
En su intervención ante el grupo de trabajo, Nelson Shack presentó el Plan de Control Integral a la Emergencia Sanitaria COVID-19 y las acciones que se están realizando en el marco de la emergencia sanitaria dictada por el Gobierno peruano.
El contralor general indicó que en lo que va de la emergencia sanitaria por la expansión de la COVID-19, se han emitido 800 informes de control por parte del máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC).
Parte de esos informes corresponden al operativo de supervisión realizado al proceso de adquisición y distribución de canastas de víveres para familias vulnerables, donde la Contraloría ha visitado un total de 946 municipalidades y se han detectado deficiencias en distribución, almacenamiento, procesos de compra y en los productos recibidos por las autoridades ediles.