La suspensión del cobro en el peaje de Turbaco para ciertos vehículos seguirá vigente. En 2025 se definirá el futuro de la concesión Autopistas del Caribe.
A través de la Resolución 20243040057025, emitida el pasado 21 de noviembre, el Ministerio de Transporte decidió prorrogar la suspensión del cobro en el peaje de Turbaco a los vehículos de categoría I y II (automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses y busetas).
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La decisión se tomó teniendo en cuenta un concepto de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en el cual se pidió extender la medida por tres meses más, es decir, hasta el 22 de febrero del 2025, con el fin de continuar analizando los escenarios contractuales más favorables para la Nación en torno al proyecto del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla, a cargo de la concesión Autopistas del Caribe.
“La propuesta se realiza a pesar de los esfuerzos realizados por la ANI y con base en los hechos ocurridos dentro del proyecto de Autopistas del Caribe, especialmente los relativos a la imposibilidad del cobro de la estación del peaje de Turbaco”, dijo la entidad nacional.
El recaudo en estas casetas no se ha podido concretar debido a la oposición de la comunidad, por lo que para preservar el orden público, se decidió suspender el cobro. Sin embargo esta medida ha afectado la ejecución financiera del proyecto y además ha ido agotando los recursos para compensar al concesionario.
De hecho, según la ANI, solo habría disponibilidad para compensar hasta febrero del próximo año, es decir, hasta el vencimiento de la resolución.
En caso de que esto suceda, de acuerdo con el documento, aún quedaría la opción de ampliar el plazo del contrato, que actualmente es de 35 años: 1,5 de preconstrucción, 6,5 de construcción y 27 de operación y mantenimiento.
La tarifa diferencial
Pese a este escenario, la ANI expresó su voluntad de llegar a un acuerdo e implementar una tarifa diferencial en el peaje: $1.500 para los vehículos de categoría I (automóviles, camperos, camionetas y microbuses) y $2.000 para los de categoría II (buses y busetas).
Para esto aseguró que es necesario contar con el apoyo de los entes gubernamentales del departamento y el municipio.
“Es imperativo que, a la mayor brevedad, se haga un último esfuerzo en la búsqueda de apoyo institucional con las entidades territoriales, para que, a través de su mediación y participación activa, se logre que la comunidad acepte las tarifas diferenciales mínimas socializadas por el Gobierno Nacional”, manifestaron.
En el escenario de que esto no suceda, advirtieron que será necesario tomar medidas de fondo.
“En caso de no lograr acercamientos en este último intento de concertación social, es imprescindible que durante el término de la suspensión propuesta, se analicen los argumentos técnicos, jurídicos y financieros que permitan adoptar una decisión definitiva respecto a la continuidad del proyecto, en caso de que la comunidad continúe desplegando acciones que afecten el orden público, impidiendo el cobro de las tarifas de las categorías I y II en el peaje, toda vez que este hecho ha afectado gravemente la ejecución financiera del proyecto”, afirmaron.
Frente a esto, Ernesto Carvajal, representante legal de la concesión Autopistas del Caribe, dijo estar dispuesto a trabajar de forma articulada para salvar el proyecto.
“Para el próximo año, nuestras expectativas están centradas en retomar el camino hacia la viabilidad del proyecto, confiando en que el diálogo con las autoridades y comunidades permitirá encontrar soluciones sostenibles”, dijo.
Carvajal insistió en que con la tarifa diferencial lo que se busca es equilibrar las necesidades de las comunidades con la sostenibilidad financiera del proyecto y de esta manera poder llevarlo a cabo, en beneficio de todos.
“La concesión y sus accionistas mantienen firme su compromiso de avanzar y materializar estas obras claves para el desarrollo de la región y el país”, puntualizó.
A pesar de esto, desde la comunidad también han expresado su rechazo a las tarifas diferenciales propuestas, pues en su concepto el peaje debe ser desmontado.
Llamado a los gobernadores
Por otra parte, desde el Consejo Gremial de Bolívar, indicaron que es importante tomar acciones para evitar la liquidación del proyecto.
“Hacemos un llamado urgente a los gobernadores de Bolívar y Atlántico para que, en coordinación con el Gobierno Nacional, lideren acciones que permitan salvaguardar este corredor, en beneficio de los dos departamentos”, indicó Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo.
El dirigente gremial reiteró los riesgos que podría traer una liquidación anticipada, teniendo en cuenta la importancia de las obras para la conectividad y el desarrollo de la región.
“La situación generada por el peaje de Turbaco pone en riesgo la continuidad de este corredor estratégico que une a Cartagena y Barranquilla. La posible transferencia al Invías nos suscita inquietudes respecto a la calidad y sostenibilidad de la infraestructura en el mediano y largo plazo. Además, esta medida no resuelve la problemática asociada al peaje, pues Invías también obtiene recursos mediante el recaudo”, aseguró.
Sobre el proyecto
El proyecto del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla comprende la intervención de 484 kilómetros, de los cuales 74 son de dobles calzadas y 20 de variantes. Así mismo incluye 16 puentes peatonales y 8 intersecciones a nivel y desnivel. Fue adjudicado a la concesión Autopistas del Caribe en 2021.