Jacobo Betancur Peláez
Muchas de las personas que se tomaron los lotes son afectadas por la cruda ola invernal de hace un año. Ocupantes temen ser desalojados y piden soluciones.
Un grupo de por lo menos 2.000 familias levantó dos nuevos barrios de invasión en plena zona urbana de Zaragoza.
En una ola urbanizadora que ha reavivado nuevamente las tensiones en el Bajo Cauca antioqueño, mientras los propietarios de los predios afectados ya tienen en mano resoluciones de desalojo con las que buscan recuperar sus tierras, los ocupantes argumentan no tener a donde ir y piden, con la vista puesta en lo ocurrido en casos como el de Caucasia, ser escuchados por las autoridades para tener una solución.
A pesar de la existencia de esas dos resoluciones, el gobierno municipal señala que por ahora no hay ningún desalojo previsto, muchos de los moradores temen que en cualquier momento la Fuerza Pública se aparezca de sorpresa para sacarlos a las malas.
Según cuentan los habitantes locales, las primeras casas que dieron forma a la invasión comenzaron a levantarse entre septiembre y octubre del año pasado, cuando la atención del municipio estaba volcada en las elecciones territoriales.
Los dos terrenos en cuestión están ubicados en la zona central, uno cerca al antiguo basurero municipal, por la vía a Segovia, y el otro en una finca que pertenece al exalcalde Víctor Darío Perlaza Hinestroza.
Jennifer Nastacuas, una de las líderes de las familias que se han asentado en esas zonas, sostiene que la mayor parte de la gente comenzó a llegar a esos terrenos por cuenta de los embates que dejó la última ola invernal, recordada como una de las más severas de los últimos 40 años.
Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre de 2023, las fuertes lluvias ocasionaron el desbordamiento de las quebradas Oca, Juan Vara y el mismo río Nechí, dejando un saldo inicial de por lo menos 100 familias con sus casas inundadas y unas 1.000 personas damnificadas.
Luego el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) calculó que por lo menos 17 sectores y 25.000 personas se habían visto afectados.
Nastacuas añade que en paralelo a la ola invernal, el municipio también se ha visto afectado por un incremento en el valor de los arriendos y por la falta de oportunidades laborales.
“Ha habido muchas inundaciones, muchos afectados por la ola invernal. Ese es el motivo principal por el que las personas han decidido invadir. El trabajo está súper escaso y los arriendos están demasiado costosos, eso para nadie es un secreto”, apunta.
Pese a que muchos de los ocupantes ven con esperanza las soluciones de vivienda que el Gobierno Nacional ha prometido en municipios como Caucasia, Nastacuas apunta que su pedido básico es que se logre llegar a un acuerdo y les entreguen a los habitantes al menos el terreno en el que se levantaron las casas, que, asegura, previo a la invasión no tendían otro uso.
En la última visita que el presidente Gustavo Petro hizo a Zaragoza el pasado 2 de agosto, en el que precisamente la Nación prometió imprimirle un nuevo impulso a su reforma agraria, muchas de las familias invasoras pidieron que su situación se revisase, sin que hasta ahora se haya producido una respuesta.
A pesar de que en Caucasia el Gobierno Nacional ya ha dicho estar estudiando soluciones, el caso de Zaragoza puede ser problemático por varias razones.
Así lo advierte por ejemplo el nuevo alcalde de Zaragoza, Andrés Emilio Luján Monroy, señalando que, dado que los dos predios en cuestión son de privados, el primer avance para una eventual entrega debe necesariamente pasar por que ellos quieran vender.
El mandatario local explica que cuando se produjo el cambio de gobierno ya estaban cursando dos querellas civiles de policía, que en enero se concretaron en dos resoluciones de desalojo.
Pese a la vigencia de esos dos documentos, Luján enfatiza en que el municipio está siendo cuidadoso en respetar una reciente sentencia unificatoria proferida por la Corte Constitucional, que ordena hacer una caracterización antes de cualquier decisión.
Aunque Luján no rechaza la búsqueda de una solución para los ocupantes, enfatiza en que el municipio no tiene presupuesto para embarcarse en la compra de esos terrenos y que una tarea de ese tipo tendría que pasar por entidades del orden nacional.