YESSICA RIVERA PORRAS
El Ministerio Público pide al alcalde de Cartagena adoptar medidas concretas para proteger al consumidor.
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Aun grupo de mexicanos le cobraron más de $6 millones por una picada familiar, cervezas y otros servicios. Luego al coreano Zion Wang le cobraron $ 600.000 por un masaje después de nadar y a dos ecuatorianos les cobraron $2 millones por dos mojarras.
Los anteriores son algunos de los casos más recientes de abuso de precios a turistas en las playas de Cartagena, causando críticas a nivel nacional y dejando muy mal parado a Cartagena cómo destino turístico.
Ante ello, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Cartagena, William Dau, adoptar medidas concretas para proteger al consumidor y hacer frente a las reiteradas quejas contra algunos establecimientos y comerciantes de la ciudad.
A través de una comunicación, el ente de control conminó a Dau a emprender acciones eficaces y oportunas de protección del consumidor y al ejercicio de la función de policía, con el fin de evitar, contener y mitigar los riesgos a los que se enfrentan los visitantes nacionales y extranjeros.
La Procuraduría también solicitó al mandatario información sobre las actuaciones mitigatorias y/o preventivas, planeadas y ejecutadas para atender esta situación; investigaciones iniciadas, sanciones o medidas impuestas a establecimientos o comerciantes y actividades de promoción y difusión de normas de protección al consumidor realizadas en los últimos tres años.
El Ministerio Público realizará un seguimiento periódico a la gestión que adelante la administración distrital para velar por el ejercicio y goce de los derechos de los viajeros, así como la sana convivencia en los atractivos turísticos de la ciudad heroica.
El pasado 31 de agosto el órgano de control ya le había solicitado a Dau implementar el plan de ordenamiento de playas con el fin de brindar “todas las garantías a los usuarios”.
En desarrollo de la actuación, el Ministerio Público le pidió al alcalde un informe sobre las denuncias presentadas en Playa Blanca relacionadas con excesos en los cobros de consumos, agresiones físicas y verbales.
El Gobierno nacional interviene
A inicios de septiembre, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo arrancó mesas de trabajo con la comunidad de Barú para definir las acciones contra los abusos de precios a turistas.
En la misma, de manera preliminar, se acordó con la Casa del Consumidor de la SIC jornadas de capacitación a los nativos sobre la regulación de precios y legalidad. Además, con apoyo de los gremios, capacitaciones sobre servicio al cliente.
La SIC se comprometió en realizar visitas de inspección, vigilancia y control para revisar el cumplimiento de la información e indicación de precios en los establecimientos de comercios ubicados en Playa Blanca. También adelantar con un equipo delegado la socialización y sensibilización a los turistas sobre sus derechos.
