El Gobierno presentó el proyecto de ley que traza la ruta para las negociaciones con grupos ilegales.
La hoja de ruta para eventuales mesas de negociación con grupos armados ilegales quedó planteada en el proyecto de ley presentado ante el Congreso por el Gobierno; llegó con un mensaje de urgencia para su discusión y aprobación.
La solicitud de prontitud la hizo el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, debido a la necesidad de tener listo el derrotero para las negociaciones de paz con el ELN, las cuales ya han tenido avances exploratorios entre la delegación guerrillera que se encuentra en Cuba y la representación del Gobierno que viajó hasta la isla para determinar el nuevo punto de inicio en la mesa.
Entre las aristas a destacar está la definición de grupo armado ilegal, concepto que permitiría la clasificación de cuáles grupos podrían sentarse a negociar un cese definitivo de las hostilidades con el gobierno.
Apegándose a la clasificación del Derecho Internacional Humanitario, el documento indica que “se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.
Dentro de esta nueva clasificación entra el ELN, guerrilla que el anterior gobierno calificó como grupo terrorista y le cerró las puertas de la negociación tras la detonación de un carro cargado de explosivos en la escuela de cadetes de la Policía General Santander, en enero de 2019; hecho que dejó 23 muertos, entre ellos 22 policías y un civil señalado por la Fiscalía como presunto autor material del ataque.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, indicó que con la radicación del proyecto se da un primer paso en el cumplimiento de una de las promesas de la campaña presidencial de Gustavo Petro: el compromiso de la búsqueda de la paz total para Colombia.
“Lo más importante de este proyecto es que se busca convertir en política de estado la política de paz. Le da carácter vinculante a los acuerdos para que no sean interrumpidos en la fase de implementación y cumplimiento, y que incluso los procesos de paz que estén en curso vinculen a los gobiernos siguientes en la continuidad en lo que es un derecho constitucional como lo es la búsqueda de la paz”.
EL COLOMBIANO le presenta los cinco puntos con los cuales el actual Gobierno busca sentar las bases para la negociación que se viene con el ELN y la de otros grupos que en el futuro quieran subirse al tren de la “paz total”.
Política de paz será prioridad para el Estado colombiano
En este punto, el proyecto de ley plantea un asunto plasmado en la Constitución: el Estado debe buscar y velar porque en el territorio haya paz y debe hacer los esfuerzos necesarios para conseguirla.
La propuesta se centra en que “la política de paz será una política de Estado y, en tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”.
Como desarrollo, el documento plantea que a quien el gobierno designe estará facultado para adelantar negociaciones con los distintos grupos armados ilegales presentes en los territorios (que cumplan con la definición contenida en el proyecto señalada más arriba), cuyas acciones conlleven a la pacificación de las zonas donde se dialogue. Los acuerdos serán verificados por el Gobierno y contarán con una veeduría internacional, que se encargará de vigilar el proceso de desarme.
Zonas de concentración y no habrá extradición
Con el fin de lograr avances significativos en la negociación, el Gobierno Nacional y los voceros o designados por los grupos armados ilegales a sentarse en la mesa definirán la necesidad de concentración de los combatientes en distintas zonas geográficas del país, las mismas que no podrán estar ubicadas en los cascos urbanos de aquellas localidades donde se designen.
“En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”, propone el articulado. En estas zonas habrá presencia de la Fuerza Pública.
Se crearán las regiones de paz para buscar dialogar
No solo en las zonas de concentración se adelantarán diálogos con los combatientes después de ser certificados como tales por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Si así lo considerara, el Gobierno podrá “constituir regiones de paz, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz. Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como ZOMAC, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado”.
Recursos saldrán de un fondo especial para la paz
Para adelantar las negociaciones, el gobierno propone crear un fondo especial denominado Programas Especiales para la Paz sobre el cual recaerán los recursos necesarios para desarrollar las mesas de diálogo. Este fondo integra en uno solo a los ya existentes y pasará a discrecionalidad de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cabeza de Danilo Rueda en este gobierno.
“Créase el Fondo de Programas Especiales para la Paz, como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin personería jurídica, administrada como un sistema separado de cuentas, cuyos gastos serán ordenados por su director(a), bajo la orientación y el direccionamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que actuará en consonancia de las decisiones adoptadas en la materia por el Presidente de la República, y el Gabinete de paz”, detalla el proyecto.
Una de las formas para obtener recursos para este fondo serán los Bonos de la Paz, que se crearán con esta Ley en caso de ser aprobada.
Se acabará el servicio militar obligatorio en Colombia
Entre las novedades del proyecto de ley se encuentra la propuesta de terminar con el servicio militar obligatorio y, a cambio, los jóvenes podrán decidir si optan por portar el uniforme militar o de Policía o prestar un servicio social en regiones vulnerables, apartadas y afectadas por el conflicto armado. De aprobarse la iniciativa, esta norma empezaría a regir dos meses después de obtener el visto bueno del Congreso de la República.
“El Servicio Social para lapaz tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo previsto para el servicio militar”, dice el articulado y podrá realizarse bajo diferentes modalidades como alfabetización, trabajo con víctimas del conflicto, promoción de la paz y la conservación de la naturaleza.
Jóvenes, aquí tienen un menú de posibilidades para prestar servicio a su patria sin la horrorosa opción de ir a la Guerra.
Así queda consignado hoy en el proyecto de ley que fija un nuevo marco para la paz total, en la que estamos empeñados el gobierno y su bancada. pic.twitter.com/hKV2S3rRuH— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2022
