Así se dio a conocer en el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla por parte del brigadier general Gelver Yecid Peña, comandante de la regional 8, y el teniente coronel Jorge Mora, jefe del área anticorrupción de la Institución.
El despojo de tierras que más de 17 personas habrían liderado entre Barranquilla , Soledad, Santo Tomas, Malambo y Cereté afectaron a constructoras, proyectos urbanísticos y a más de 1.800 familias, luego de que hubiesen sido ocupadas zonas destinadas originalmente para mega colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
Además, se identificó que dichas invasiones fueron realizadas entre decenas de funcionarios públicos en alianza con bandas criminales locales.
Al respecto, el teniente coronel Jorge Mora, jefe del Área Anticorrupción de la Policía de la Policía, le dijo a Blu radio lo siguiente:
«La corrupción existe porque hay funcionarios públicos que permiten que organizaciones delincuenciales hagan su trabajo y precisamente esa es la segunda fase de la operación Gaia, establecer esas alianzas y desvertebrar esos grupo criminales dedicados al robo de tierras», indicó el oficial.
Cómo lo informó el coronel Mora, la investigación detectó que se afectaron 277.000 metros cuadrados de tierra, entre los que se encontraban megacolegios, centros de desarrollo infantil y hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz .
Del mismo modo, el brigadier general Gelver Yecid Peña, comandante de la Regional 8 de la Policía, explicó que en la operación Gaia, nombre como denominaron las autoridades el operativo, la investigación se desarrolló a partir de cuatro líneas investigativas centradas en el análisis del modus operandi de la red, que consistía en dar apariencia de legalidad a documentos falsos para apropiarse de terrenos que luego eran parcelados y vendidos a terceros mediante engaño.
Estas acciones fraudulentas afectaron a constructoras, proyectos urbanísticos, y a más de 1.800 familias que habitan zonas destinadas originalmente para colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
El avalúo de los predios corroborados documentalmente en la investigación asciende aproximadamente a 22.000 millones de pesos.
Tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de policía, dos notarios, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad hacen parte de los 17 capturados.
Los capturados deberán responder por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para delinquir contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.