Las medidas judiciales recaen sobre responsables de EPS e IPS que no cumplen tutelas para garantizar la atención de los usuarios.
Neiva
Neiva registra más de 1.350 órdenes de arresto pendientes de ejecución por incumplimientos de fallos judiciales relacionados con la atención en salud. La cifra refleja las dificultades que enfrentan los ciudadanos para obtener respuestas oportunas a sus necesidades médicas.
Una vez el juez emite el fallo, la EPS o IPS involucrada debe acatar la decisión de manera inmediata. Sin embargo, cuando persiste la desatención, los afectados pueden solicitar un incidente de desacato para informar al despacho judicial sobre el incumplimiento de la orden impartida.
Jerson Bastidas, personero de Neiva, comento que “estas medidas pueden dirigirse contra representantes legales nacionales, directivos territoriales u otros funcionarios, de las regiones, pero que, a la fecha, no pasa nada y siguen tomando del pelo a las autoridades judiciales, sin importar la vida y salud de los usuarios”.
De esta manera, pese a las decisiones judiciales, numerosos usuarios siguen esperando soluciones a sus solicitudes de medicamentos, procedimientos y otros servicios. El elevado número de órdenes pendientes evidencia los obstáculos que persisten para garantizar el cumplimiento efectivo de los fallos de tutela.
