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Mineros del sur de Córdoba piden intervención de la Defensoría

200 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía han levantado ya 16 entables mineros, obligando al desplazamiento de las familias de Mina El Alacrán.

TOMADA DE:eluniversal.com.co

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Los mineros de la vereda Mina El Alacrán, ubicada en el sur del departamento de Córdoba, pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo y del estado en general, aduciendo que han sido víctima de atropellos, toda vez que los están desalojando de una zona en la que habitan desde hace más de 40 años.

De acuerdo con las denuncias hechas por Brenda Bohorquez, líder de la zona, los 200 hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, que llegaron el domingo a la zona, ya desmantelaron 16 entables mineros, con lo cual han causado el desplazamiento de cientos de personas, que tradicionalmente han vivido de la actividad minera en la zona rural del municipio de Puerto Libertador.

Señaló además que la Policía los está mostrando ante el país como si fueran un instrumento de bandas criminales, concretamente del Clan del Golfo, para derivar rentas ilegales de la explotación minera, con lo cual les estarían poniendo una lápida en sus espaldas.

Ante esa afirmación se pronunció el personero del municipio de Puerto Libertador, Jorge Iván Uribe, indicando que rechaza el mal proceder de la Policía por estigmatizar a la comunidad de pertenecer o servir al Clan del Golfo.

Por su parte, el alcalde de Puerto Libertador, Eder Soto Cuadrado, dijo que en la zona se instaló un Puesto de Mando Unificado que servirá de mediador entre los mineros que están siendo desalojados del lugar y la fuerza pública que está dando cumplimiento a una orden judicial.

El mandatario explicó que los operativos se iniciaron luego de una orden impartida por un juez de Bucaramanga, que considera que la explotación que hacen en El Alacrán no es artesanal y por ello la consideró minería ilegal.

“Estamos tratando de tender puentes para que haya una salida negociada al conflicto, pues hay tensión entre la comunidad y la fuerza pública”, indicó el mandatario, aduciendo que en el puesto tendrán asiento la Secretaría de Gobierno, voceros de la empresa Minerales de Córdoba, defensores de derechos humanos y voceros de las comunidades.

Entretanto, los defensores de derechos humanos insistieron en que desde hace 40 años están en la zona, dedicados a la explotación de manera artesanal y que con el paso de los años han logrado consolidar un pueblo con escuelas, iglesias y servicios públicos básicos, razón por la cual no pueden permitir que sea el mismo Estado el que los desplace, con el único fin de favorecer a una multinacional canadiense.

Advierten que Minerales de Córdoba es la empresa a la que le dieron licencia para explotar cobre, oro, plata y platino en la zona y que por ello, iniciaron el proceso para desalojarlos, pese a que llevan más de tres décadas luchando por el reconocimiento como comunidad minera, principalmente a partir del año 2009 cuando las empresas Ashmont Omni y la Compañía Minera El Alacrán S.A.S. recibieron títulos mineros para su explotación.

En un primer proceso, la Asociación de Mineros del Alacrán del Municipio de Puerto Libertador, instauró un proceso judicial que llegó hasta las instancias de la Corte Suprema de Justicia, ente que pidió protección para la formalización del título minero a la comunidad.

Luego en el año 2017 empezaron un proceso de negociación con Minerales Córdoba, la cual recibió el título de explotación y hasta el momento no habían logrado ningún acuerdo, razón por la cual la multinacional apeló a instancias judiciales para desalojarlos.

De otro lado, la empresa Minerales Córdoba S.A.S., indicó que respaldan los operativos que están adelantando las autoridades contra las actividades de minería ilegal, en inmediaciones del municipio de Puerto Libertador.

“Ellos actúan de manera independiente y ejecutan las acciones que consideren pertinentes para mantener el orden en el territorio nacional. La posición corporativa al respecto es la de apoyar a las autoridades legítimas, quienes con su actuar buscan restaurar la legalidad y el orden público en zonas mineras, así como garantizar que todo desarrollo extractivo se haga con sujeción a la normatividad vigente y en condiciones de seguridad para la vida humana, animal y vegetal”, señalan en un comunicado.

Finalmente, se conoció que Minerales de Córdoba tiene 22 títulos mineros, que contemplan el 11% del total del área de la zona, y que tendrían proyectado realizar la empresa minera a cielo a abierto más grande de Latinoamérica, con una producción estimada de 417 mil toneladas de cobre, 724 mil onzas de oro y 5,9 millones de onzas de plata.

 

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