En los últimos tres meses han vuelto a sus territorios en total 127 familias que estaban asentadas en la capital antioqueña.
El desplazamiento forzado deja una de las más profundas heridas del conflicto armado, tanto en los territorios abandonados como en las ciudades a donde llegan las víctimas; y el retorno es como la cicatriz de esa lesión en el tejido social. Ahí está marcada la trascendencia de que Medellín, la segunda capital receptora del país, haya vuelto a priorizar la estrategia que busca que los desterrados por la violencia se devuelvan a sus sitios de origen.
En los últimos tres meses, de acuerdo con la secretaría de Paz y Derechos Humanos (antes llamada secretaría de la No-Violencia), el Distrito ya les ha ayudado a retornar a 127 grupos familiares, siendo los municipios de destino Carepa (31 casos), Uramita (22), Apartadó (20), Liborina (16), San Carlos (14) y Granada (4). Los 12 municipios restantes, ubicados en su mayoría en Urabá y el Suroeste, han recibido entre dos y un retorno efectivos en este mismo periodo.
Este es un proceso dispendioso que requiere de la articulación de las alcaldías locales, la Unidad Nacional para las Víctimas, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio del Interior.
La ventaja para Medellín es que al retornar las víctimas liberan buena parte de la presión que estas ejercen sobre atención básica y planes de beneficio para la población más pobre de la ciudad, mientras que los municipios a los que se devuelven restablecen su economía y su vida social que han perdido por las alteraciones que ocasiona la violencia armada, esto gracias a las nuevas habilidades que normalmente adquieren en el nuevo contexto de ciudad.
“Hace 20 años que venimos beneficiándonos como municipio por estos retornados, tanto en mejoramientos de vivienda como en vivienda nueva y en proyectos productivos. Esto es muy importante para nuestro municipio”, expresó el alcalde de San Rafael, Eduin Aniceto Giraldo.
En Medellín hay un componente con profesionales expertos en el Equipo de Atención a Víctimas, adscrito a la Secretaría de Paz y Derechos Humanos. Todo se inicia evaluando la situación de cada familia y posteriormente se ofrece apoyo logístico y económico como ayuda humanitaria de emergencia y una iniciativa productiva que genere ingresos, pues se debe asegurar que el retorno se efectúe bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.
Pero en el intermedio es indispensable contar con el concepto de seguridad emanado de las autoridades que hacen presencia en la zona para constatar que quienes vuelvan no se verán sometidos a nuevas victimizaciones por parte de grupos armados; sin este no se acepta el retorno y, de no ser posible, las familias son reubicadas en sitios diferentes.
“Regresar al campo es volver a la paz, la reconciliación y la esperanza al territorio. Por eso, la Alcaldía de Medellín los acompaña, protege y les brinda oportunidades a las familias en los planes retorno”, apuntó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila.