“El Congreso, a diferencia de otros órganos similares –como los concejos y las asambleas–, se está quedando corto, en debates estériles. Se queda en el dabate, pero no está trabajando para que sea menos retórica y más ejecución”, dice Arias.
En los próximos siete días, los congresistas se dedicarán a discutir varios proyectos de ley y reformas constitucionales que ya hacen carrera por su impacto en la opinión pública y, también, por la importancia que podrían tener.
Quizá el que más visibilidad ha tenido es el de la cadena perpetua para violadores de menores de edad, una iniciativa que en la última década ha llegado en distintas ocasiones al Congreso (13 veces), pero que nunca había estado tan lejos. A principio de esta semana fue aprobado por la Comisión Primera del Senado. Lo que sigue, entonces, es que se debata en la plenaria de esa cámara, donde debe obtener por lo menos 55 votos positivos para pasar.
En el tintero del Senado, y bajo la misma línea de la reforma anterior, hay otro proyecto que solo está a un debate. Se trata de la proposición hecha por la representante a la Cámara de la Alianza Verde Katherine Miranda para que se declaren imprescriptibles los delitos sexuales contra menores.
También pensando en la protección de los niños y adolescentes fue aprobado por la Cámara de Representantes el proyecto que prohíbe los castigos físicos. Ahora el turno es del Senado que debe discutirlo.
Hay una preocupación. ¿Qué pasará con lo que no sea aprobado antes del próximo sábado? La respuesta es que depende. Por ejemplo en el caso de las reformas constitucionales, como la mencionada cadena perpetua o la que propone la creación del área metropolitana de Bogotá, si no pasan, se caerán, pues su discusión debe ocurrir durante una legislatura completa.
“El Congreso lo que ha hecho es darle trámite a aquellas leyes que si no se aprueban en este periodo, se caen, como la cadena perpetua a violadores. Han priorizado el trabajo para salvar aquellas iniciativas que de otra manera se hunden. También se está a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la legalidad de las sesiones virtuales”, explica Penso.
En cambio, los proyectos de ley tienen un plazo de dos legislaturas, por lo que los presentados en las últimas semanas aún tienen esperanza. Es el caso de la llamada ley de comida chatarra, que fue aprobada el miércoles por la Comisión Séptima de la Cámara y que, si no es aprobada la próxima semana, será discutida a partir del 20 de julio.
Similar es el caso del proyecto de ley que busca eliminar el cobro de la reconexión de los servicios públicos –presentado por el presidente del Senado, Lidio García–, que apenas surtió su primer debate en la Comisión Sexta.
O el caso de la propuesta del liberal Mauricio Gómez que hoy se empezará a discutir para que en todas las entidades públicas haya tapabocas inclusivos (transparentes en la parte de los labios).
Y los mencionados no son los únicos. A la espera de ser discutidos están otros como la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el que regulariza el transporte escolar en zonas rurales, la ley de empleo para el adulto mayor e, incluso, una proposición para cambiar el orden de los apellidos.
La última semana de sesiones ordinarias del Congreso será, entonces, un asunto de prioridades. Los legisladores estarán enfocados en dar trámite a los proyectos que son más urgentes, por el riesgo de que se hundan. Además, deja abierta la puerta para que a partir del 20 de julio se atiendan otros temas, como retornar con el debate político a la pandemia .