Camisa con el rostro de Donovan Balanta en Bosa, Bogotá el 24 de septiembre de 2026.NATHALIA ANGARITA
Los uniformados propinaron al joven afro descargas eléctricas que, según Medicina Legal, causaron su muerte. La defensa considera que su muerte tuvo un componente de odio racial
En la madrugada de este lunes, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía ha capturado a cuatro de los siete policías vinculados con la muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre afrodescendiente de 34 años que murió el pasado 20 de septiembre tras ser inmovilizado, golpeado y recibir varias descargas eléctricas por parte de un grupo de uniformados. La entidad tiene pendiente efectuar una quinta captura, de otro patrullero, y avanza en la investigación de las actuaciones de los otros dos implicados. Los siete fueron apartados de sus funciones después de que se conocieran las circunstancias de la muerte de Balanta, y luego de que trascendieran a los medios de comunicación las grabaciones que había tomado la comunidad, que dejó una constancia en video de la brutal golpiza.
Hasta el momento, la Fiscalía ha mencionado que los policías son señalados de uso desproporcionado de la fuerza, abuso de su autoridad y omisión de socorro, pero el abogado de la familia de la víctima, Alí Bantú Ashanti, le ha adelantado a este medio, en una entrevista telefónica, que este miércoles se realizará una audiencia en la que también les imputarán los delitos de homicidio y tortura. Bantú Ashanti, abogado y director del Colectivo Justicia Racial, una organización y firma de abogados afrodescendientes que se dedica al litigio estratégico antirracista, le ha pedido a la Fiscalía que esos crímenes tengan el componente de “agravados”, pues considera que las acciones de la Policía estuvieron motivadas por odio racial. “Creemos que Donovan fue asesinado por ser una persona negra”, ha asegurado el defensor durante la entrevista.
Los policías han argumentado que inmovilizaron a Balanta a raíz de una riña, una versión que ha desmentido la familia de la víctima. Los testimonios de la comunidad apuntan a que el hombre —que trabajaba en un laboratorio farmacéutico, era padre de dos hijos (una niña y un niño) y el sustento económico de su madre—, atacó con una botella a los policías para defender a un amigo al que le estaban haciendo una descarga con un taser. Entonces, él pasó a ser el objeto de la persecución policial, y terminó siendo inmovilizado en el suelo.
Los videos tomados por los vecinos del barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, muestran varios ángulos y dejan poco lugar a dudas. En ellos, se ve a un grupo de siete policías rodeando a Balanta. Le decían “gonorrea”, le quitaron los zapatos, lo golpearon con sus cascos y, a pesar de tenerlo reducido y esposado, le aplicaron varias descargas eléctricas en el pecho, con dos armas tipo taser. “Negro hijueputa”, le gritaban mientras lo golpeaban, según ha relatado su cuñado, Elisair Viveros, quien estaba en el lugar de los hechos.
Luego, cuando ya estaba inconsciente —como lo evidencian las grabaciones—, los uniformados lo llevaron a la estación de Policía de Soacha, municipio vecino de la capital colombiana. Allí, según la Fiscalía, continuaron los maltratos. Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, ha asegurado en declaraciones a medios que la víctima presentaba varias lesiones y quemaduras en su cuerpo. Especificó que las descargas se le aplicaron varias veces, “tanto en el momento de la detención como estando en la estación”. Posteriormente, fue llevado al Hospital Cardiovascular del Niño de Soacha, donde ingresó sin signos vitales. Las descargas que recibió hicieron que su corazón colapsara, según el informe de Medicina Legal. La causa oficial de su muerte fue una arritmia cardiaca.
Entre los detenidos figuran un mayor de la Policía, quien ejercía como comandante del Comando de Atención Inmediata (CAI) de Cazucá, ubicado en el municipio de Soacha; un subintendente y dos patrulleros. Los hombres fueron capturados en operativos en los municipios de Barbosa (Santander) y en Soacha. Bantú ha asegurado que esta es solo una primera fase de capturas; no significa que los otros dos implicados no vayan a ser investigados o se les abra una investigación. “La responsabilidad penal es individual y cada agente de policía que participó en este crimen responderá por la responsabilidad que haya tenido en este triste homicidio que nos arrebató a Donovan. En ese sentido, unos responderán por acción, y otros por omisión”, explica.
Según relata, poco antes de que Donovan fuera asesinado, los policías que hacían presencia en el barrio ya habían amenazado a la comunidad. De acuerdo con testimonios recopilados por la Defensa, “ellos [los policías] dijeron que no podían irse sin un positivo a la estación de policía, que ya debían llevarse a alguien, debían detener a alguien, capturar a alguien”, en una conducta que recuerda el comportamiento de la Fuerza Pública en los Falsos positivos, como se conoce a los asesinatos extrajudiciales cometidos por las Fuerzas Armadas contra civiles que fueron presentados como bajas en combate, y que les servían para maquillar sus cifras operacionales.
Aunque este fenómeno ha sido documentado principalmente desde la década del noventa hasta el año 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC —con su periodo más crítico en la década del 2000— el abogado asegura que aún sigue conociendo casos de personas que han sido asesinadas en estado de indefensión para luego ser señaladas como delincuentes. Advierte que las prácticas relacionadas con los falsos positivos aún no han sido erradicadas.
Menciona el caso de Zamir Martínez Pacheco, quien murió en 2023 por un disparo en medio de un procedimiento policial en el barrio Brisas del Diamante, vecino a Caracolí. El joven de 24 años llegó a vivir allí tras ser desplazado del Chocó. Una noche fue a visitar a un amigo, y se quedó a dormir en su casa. “Le dispararon mientras dormía”, relata Bantú. La Policía dijo que pertenecía a la banda llamada Los Niches. “La banda Los Niches no existe, y obviamente aparece el componente racista de la Policía”, añade el defensor. Sin embargo, comenta que los 20 policías que participaron en el operativo en el que murió Martínez siguen impunes. Para él, la principal dificultad para establecer las verdaderas circunstancias de los hechos es que la Policía manipula la escena del crimen, y la Fiscalía le cree, basada en la presunción de legalidad.
En el caso de Balanta, su cuñado también ha relatado que antes de que los policías lo rodearan e inmovilizaran, uno de ellos ya había amenazado con que se llevaría a alguien: “Amenazaron con asesinar, con llevarse a alguien, diciéndoles que ellos venían de matar negros de Buenaventura y negros del Chocó, y que estaban dispuestos a matar a una persona negra ese día”, comenta el abogado, basado en el testimonio de Viveros.
La Defensoría del Pueblo, que se ha reunido con la familia de Balanta y ha señalado que acompañará el proceso hasta que los hechos se esclarezcan, también ha apuntado a que los hechos reflejan patrones de discriminación racial estructural. La defensora, Iris Marín, ha asegurado que la Policía debe tomar medidas inequívocas. Bantú añade que “el atropello que vive la gente negra de Ciudad Bolívar es permanente. Han asesinado a muchos jóvenes allá, la Policía los ha encarcelado injustamente”. Los familiares de Donovan también han denunciado que luego de su muerte, la Policía les hizo comentarios racistas y soeces, “así que consideramos que la Fiscalía debe sentar un precedente, porque este tipo de homicidios, de actos crueles, que comete la Policía en contra de la gente negra son sistemáticos”, concluye el defensor.
