La investigación de la Procuraduría también va en contra de siete funcionarios del área metropolitana por no responder la alerta temprana que fue emitida en 2020 por la Defensoría.
Por no adelantar de forma oportuna los planes o acciones necesarias para mitigar, alejar o disuadir la violencia en el área metropolitana de Barranquilla , cuya situación fue advertida en la Alerta Temprana 037 del 2020, la Procuraduría General de la Nación decidió investigar a tres comandantes de la Fuerza Pública y a siete funcionarios públicos de este territorio.
Entre los investigados están el comandante del Gaula Militar Caribe, Ricardo Andrés Díaz Pérez; el comandante de la Segunda Brigada del Ejército, José Luis Agudelo Jaimes, y el comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla , Jorge Armando Ortiz Toro.
También son investigados funcionarios del periodo 2019-2023, como Yesid Turbay Pereira, secretario del Interior del Atlántico; Jaime Navarro Herrera, subsecretario de Participación Comunitaria del Atlántico; Bertulfo Gutiérrez Vásquez y Piedad Ahumada, profesionales especializados de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla; Leonel Morrón Maiguel, secretario de Gobierno de Puerto Colombia; y Luis Carlos Oquendo, secretario de Gobierno de Galapa.
Según la Procuraduría, los investigados tenían a cargo darle una respuesta rápida a la Alerta Temprana, pero, al parecer, no lo hicieron y esto “posiblemente ayudó a que se consumaran los hechos violentos».
El ente de control recordó que “el documento emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, aún vigente, advierte sobre el riesgo inminente en que se encuentran las comunidades de Barranquilla y su área metropolitana por la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y negocios ilícitos como microtráfico, prostitución, extorsión y los puertos para envío de drogas al exterior”.
“Entre la población más vulnerable por el accionar de estas estructuras armadas están comerciantes, tenderos, defensores de derechos humanos, docentes, estudiantes universitarios, líderes sociales, juntas de acción comunal, organizaciones de víctimas, representantes de población desplazada, sindicalistas, población con orientación sexual e identidad de género diversas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otros”, precisó la Procuraduría.