A los implicados los investiga la justicia por un presunto entramado de corrupción para malversar recursos públicos por medio de contratos de mantenimiento de ese parque.
Dos altos exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero y un exdirectivo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) quedaron inmersos en un proceso de extinción de dominio adelantado este viernes en un operativo sorpresa por parte de la Fiscalía General de la Nación.
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Se trata de los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, y de Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Amva; los tres vinculados a un proceso penal por presuntamente malversar recursos públicos a través de varios contratos firmados entre ambas entidades que tenían como objeto el mantenimiento del Parque de las Aguas.
Cayeron 25 bienes
Los primeros resultados del operativo, que durante la tarde de este viernes aún seguía en curso, se conocieron luego de que la Revista Semana publicara un reporte preliminar de la redada, que apuntaba a que por lo menos 25 bienes avaluados en cerca de $3.000 millones habían sido objeto de extinción de dominio.
Los operativos simultáneos se realizaron en los municipios de Copacabana, Girardota, Medellín, Marinilla y Urrao en el Oriente y el Suroeste antioqueño, respectivamente.
Dentro de los bienes incluidos en la acción aparecerían por lo menos cuatro apartamentos, cuatro casas, cuatro parqueaderos, ocho automotores entre ellos un jeep y una moto de lujo, así como establecimientos de comercio entre otros bienes, al aparecer en poder de terceros cercanos a los funcionarios implicados.
EL COLOMBIANO intentó ahondar con diferentes fuentes para conocer los detalles del tema. Desde las alcaldías donde se hicieron los allanamientos indicaron que la vocería del tema recaía en la Fiscalía General toda vez que las administraciones locales no fueron informadas de los hechos ni siquiera posterior a los allanamientos.
El caso Parque de las Aguas
Cabe recordar que por el caso del Parque de las Aguas ya avanza un proceso penal en el que la Fiscalía imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, peculado por apropiación y uso de documento falso.
Dichas irregularidades habrían tenido su origen en por lo menos tres convenios interadministrativos celebrados por el Amva y Metroparques, de los que a su vez se derivaron un abanico de contratos de $4.500 millones que terminaron entregándose de forma directa a por lo menos tres empresas que también están vinculadas al caso, identificadas como la Comercializadora Jpino S.A.S., 1 Soluciones S.A.S. y Estructuras Zafiro S.A.S.
Además de señalar que esas tres empresas tendrían vasos comunicantes entre sí, expresados en particulares que aparecen como integrantes de varias de ellas y documentos cruzados en las que las mismas se habrían certificado experiencia contractual entre sí, la Fiscalía también aseveró que en el desarrollo de los contratos se habría presuntamente incurrido en sobrecostos que habrían servido para esfumar los recursos públicos.
Dichos cobros presuntamente irregulares habrían ocurrido en insumos como cloro, reflectores, elementos de bioseguridad, entre otros.
En el caso de Liévano y Domínguez, la Fiscalía no solo los señaló de haber avalado dichos sobrecostos en su condición de gerentes de la entidad, sino de negarle a la ciudadanía el derecho a disfrutar de un espacio público, dado que dichos mantenimientos le terminaron pasando factura al funcionamiento normal del parque.
En medio de ese proceso, todos los implicados no se allanaron a los cargos e insistieron en su inocencia.
Bajo este contexto, la extinción de dominio adelantada por la Fiscalía aparece como una medida con la que se buscaría proteger los recursos públicos que presuntamente se habrían embolsillado los implicados en el caso.