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Guatemala: Es necesaria una nueva ley electoral que blinde los procesos de judicialización

Recientemente la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, aseguró que las reformas a la LEPP serán prioridad. (Foto: Hemeroteca PL)

El proceso electoral del 2023 enfrentó la judicialización desde los primeros meses de la fase de inscripciones. Esto llama la atención de exconstituyentes, quienes coinciden en que es preciso efectuar cambios a la ley, para mejorar los procesos.

TOMADO DE: prensalibre.com

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) es de rango constitucional y se elaboró para que todo el proceso de los comicios sea independiente y no esté sujeto a intereses políticos y judiciales.

A pesar de ello, este año, desde la fase de inscripciones la Corte de Constitucionalidad (CC) conoció y resolvió recursos que buscaban cambiar las decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Además, luego de la primera y segunda vuelta electoral, la CC ha resuelto recursos sobre si un juez penal puede suspender a un partido, las audiencias de escrutinio, la garantía de la toma de posesión de las autoridades y demás temas vinculados a los resultados electorales y las pesquisas del Ministerio Público (MP) en relación con ellos.

Una nueva ley

Las reformas recientes a la Lepp causaron el “caos” que sucedió este año, por lo que es urgente derogarla y elaborar una nueva, coincidieron en expresar los exconstituyentes Aquiles Faillace y Roberto Alejos.

“Esa ley hay que tirarla, cambiarla y volver a integrar un nuevo TSE de emergencia”, apuntó Faillace.

En esa misma línea Alejos, también expresidente del Congreso, explicó que la lección de este proceso electoral es que se debe dejar de remendar la ley y hacer una nueva que contenga aspectos específicos, para evitar que se repita lo acontecido en el último evento.

“—Los constituyentes— jamás nos imaginamos que hubiera tal grado de manipulación. Entonces, creo que hay que dejar más clara la Ley Electoral para que eso no vuelva a suceder”, expuso.

Entre los aspectos que señalaron los exconstituyentes están que se debe corregir y establecer que el MP no puede involucrarse en temas electorales, así como la división entre los delitos electorales contemplados en el Código Penal, y la constitución de partidos, su funcionamiento, organización y ejecución durante el proceso.

“Hace falta que el TSE pueda separar lo administrativo de lo legal, su proceso de compras. —También— hay que hacer que el Tribunal sea, en realidad, supremo, para evitar la judicialización de las elecciones y de sus decisiones”, hizo ver Alejos.

Asimismo, refirió que es necesario que se fortalezca a las juntas electorales y receptoras de votos, con el fin de consolidar la legitimidad del proceso.

“Ese el tema más importante, que no quede duda que lo que ellos hacen —las juntas—, y también legítimo, puro, porque es lo que garantiza que no haya fraude y ahí es donde tenemos que fortalecer todo”, puntualizó.

Actualización de la ley

Alejos también valoró que la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came) no es como una “carta a Santa Claus”, sino que más bien deben considerarse temas más específicos.
“Hay que escuchar a todos los sectores, por supuesto, y separar los temas que son deseos de ciertos grupos versus lo que pasó en la realidad”, remarcó.

Por su parte, Faillace cuestionó que en el caso de la Came, una de sus principales debilidades es que el TSE tendrá a su cargo enmendar sus propios “errores”, por lo que hay que poner atención a dicha instancia y a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso y quienes las integren, para que se puedan concretar cambios profundos.

“Habría que hacer una reforma que establezca que se derogan todas las reformas de 1985 en adelante, para regresar al texto original de la ley y hacer una nueva”, planteó.

Por otra parte, considera que debe reformarse la Ley de comisiones de postulaciónm para que se garantice que quienes lleguen a ser magistrados no tengan intereses políticos.

“Mientras la Ley de comisiones de postulación no se modifique, no podremos cambiar la integración del TSE. La gente que está llegando ahí tiene intereses creados”, sostuvo.

Retos

Las próximas elecciones generales serán cuestión de la nueva magistratura que asuma, que se enfrentará a los desafíos que dejó este proceso.

A criterio de Faillace, el mayor reto es recuperar la credibilidad de la institución y del proceso, lo cual, estima, no será una tarea fácil.

A su vez, Alejos insiste en que se debe fortalecer la facultad de elegir y ser electos, y que este principio se cumpla.

“Son muchos temas, pero los más importantes son esos dos, elegir y ser electos. En ambos casos se deben hacer reformas profundas”, finalizó el extitular del Congreso.

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