Jacobo Betancur Peláez
El ente de control revisó el manejo de los fondos fijos del despacho del alcalde de Medellín entre 2022 y 2023.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
La Contraloría General de Medellín publicó esta semana los más recientes hallazgos de su auditoría financiera a la Alcaldía de Medellín, advirtiendo haber encontrado presuntas irregularidades en la forma en cómo el despacho del exalcalde Daniel Quintero manejó su caja menor.
Además de comidas suntuosas y múltiples compras que estarían injustificadas, tal cómo comenzó a conocerse desde agosto pasado, en su investigación el ente fiscal concluyó que la ejecución de dicho fondo habría brillado por su ausencia de controles, entonces a cargo del destituido secretario Privado, Juan David Duque.
El análisis de la Contraloría quedó plasmado en el recién culminado informe de Auditoría Financiera y Gestión, que evaluó el desempeño del Distrito durante la vigencia 2022 y en el que los problemas por el manejo de dicha caja menor, rotulada como el Fondo Fijo Reembolsable 067, ocupó uno de los lugares más destacados.
A la hora de desglosar sus hallazgos, la Contraloría arrancó recordando que los fondos fijos de la Alcaldía, como los de cualquier otra entidad pública, tienen la misión de resolver imprevistos y problemas urgentes, con miras a garantizar el trabajo de los funcionarios públicos.
Entre 2022 y el primer semestre de 2023, con corte al pasado 30 de junio, el ente revisó gastos por al menos $459 millones.
En su primer hallazgo, la institución señaló de entrada que la Alcaldía habría incurrido en una irregularidades desde la sistematización misma de los gastos, que no habrían sido correctamente discriminados con base en varios rubros presupuestales contemplados con antelación en las normas internas del Distrito.
“Esta situación se presentó por el desconocimiento normativo de los responsables de administrar y controlar estos recursos y en la ausencia de la planeación del gasto, lo que posibilita erogaciones que incumplan los requisitos (imprevistos, urgentes y necesarios) para ser atendidos con cargo a éste y desborden las normas de austeridad en el gasto público”, se lee en el informe, en el que también se señaló a la Secretaría Privada de no haber controlado esa ejecución.
Pasando a los gastos concretos, los auditores también reseñaron haber encontrado que solamente en materia de restaurantes, de un total de $124 millones gastados entre 2022 y 2023, se habrían certificado solamente $7,7 millones por concepto de reuniones de carácter oficial, quedándose el resto por fuera del radar.
“(Esto) Significó que $116.766.215 no fueron autorizados y certificados con ocasión de las funciones o delegaciones en cumplimiento de las misiones oficiales y de las responsabilidades del Ordenador del Gasto, lo que permitió que se realizaran compras individuales o personales, y en algunos casos, compras de comida suntuaria, afectando la eficiencia del gasto público”, dice la auditoría.
En materia de restaurantes, la Contraloría resaltó que la Alcaldía incurrió en gastos en ciudades como Bogotá, Cartagena y Bucaramanga, los cuales tendrían que haber sido ejecutados por concepto de viáticos y no por el fondo fijo reembolsable.
Buscando defender esas compras, el informe reseña una respuesta entregada por la Alcaldía, desde donde se habría intentado argumentar que la “dignidad” del cargo de alcalde sería razón suficiente para justificar las mismas, una razón que la Contraloría no aceptó.
Por otra parte, los auditores encontraron también que para abastecer la cocineta del despacho de Quintero, el Distrito incurrió en compras recurrentes de productos de panadería, verduras y bebidas por $182 millones, demostrando precisamente que los recursos no se habrían empleado en imprevistos.
Por esa misma vía, la Contraloría rechazó los múltiples pagos repetitivos y habituales en materia de peajes y arreglos florales, cuya naturaleza tampoco se corresponde a la de una urgencia.
En cuanto a los soportes de pago, otro punto que aparece identificado en el informe es que la Alcaldía aportó al ente de control facturas ilegibles y en otros casos habría fragmentado las compras, al parecer buscando esquivar los topes permitidos.
“(estos) gastos (…) permiten concluir que no fueron urgentes, ni imprevistos, ni necesarios y no conducen al logro del cometido estatal”, sostuvo la Contraloría Distrital.