SEMANA conoció que la estructura que manipulaba el sistema interno de reclutamiento del Ejército, cobraba entre 2 y 38 millones de pesos, todo dependía del perfil económico del joven que buscaba definir su situación militar sin prestar servicio.
SEMANA conoció con fuentes del proceso cómo funcionaba la red de tráfico de libretas militares, en donde se vieron involucrados oficiales activos, en retiro y civiles. En las últimas horas, fueron capturadas 14 personas, entre ellas dos coroneles activos del Ejército.
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Entre los detenidos se encuentran los coroneles Augusto Herbert Ruiz, quien había sido evaluado para general y por la investigación que se adelantaba le fue frenado el ascenso, según fuentes del proceso. El último cargo de Ruiz fue comandante de la Segunda División del Ejército en Bucaramanga.
El otro coronel activo capturado fue identificado como Javier Andrés Barrero Chavarro, quien estaba en fase de entrenamiento en la base militar de Tolemaida y se había desempeñado como comandante del batallón de Antinarcóticos en Caquetá.
De acuerdo con la investigación que encabezó la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía, la red venía delinquiendo al parecer desde hace más de cinco años, logrando en este periodo de tiempo haber tramitado más de 11.600 registros de definición militar y haber logrado, al parecer, obtenidos para jóvenes de perfiles económicos altos más de 10.700 libretas militares.
Según fuentes del proceso, la red, en las diferentes unidades donde se encontraban los presuntos integrantes, se encargaba de perfilar a los jóvenes que llegaban bien vestidos, que estudiaban en colegios privados con buena reputación y a quienes venían con un perfil económico alto para ofrecerles el servicio de sacarles la libreta militar sin necesidad de prestar el servicio militar y no acudir a engorrosos papeleos a cambio de pagos entre los 2 y 38 millones de pesos.
Al obtener el dinero, de acuerdo con la investigación judicial, la red de la que harían presuntamente parte los coroneles activos, manipulaban el sistema de la plataforma Fenix de reclutamiento y allí cargaban los datos y documentación para que los ‘gomelos’ obtuvieran la libreta militar de segunda categoría.
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La investigación que completó 10 meses en esta segunda fase, arrojó que al parecer los coroneles, en su calidad de oficiales superiores, aprovechaban sus cargos para obtener la información de los jóvenes que buscaban resolver su situación militar sin prestar el servicio.
Con el presunto perfilamiento de los jóvenes y sabiendo cuáles tenían un nivel económico medio alto, pasaban la información a los otros integrantes de la red para que los contactaran para tramitarles de manera fraudulenta la libreta militar.
De acuerdo con la información que reposa en el expediente de las autoridades judiciales, por cuenta de las maniobras presuntamente ilegales de la red de tráfico de libretas, el Ejército habría dejado de recibir más de 22.000 millones de pesos, en los cinco años que aparentemente funcionó la organización.
Al conocer el daño patrimonial al Estado, las autoridades judiciales también iniciaron un proceso de extinción de dominio contra algunos integrantes de la red, decomisando 41 bienes, entre apartamentos, vehículos y sociedades, que hasta el momento, según fuentes del proceso no los han podido justificar y tendrían un valor cercano a los 14.000 millones de pesos.
En contra de la red, las autoridades tienen más 500 mil horas de audio; 150 elementos de prueba entre la fase 1 y 2, cuentan con evidencia digital, búsqueda selectiva en bases de datos, auditorías, mensajes de texto, comunicaciones internas dentro de la organización, entre otras pruebas.
De acuerdo con fuentes del proceso, la red de tráfico de libretas, habría logrado vulnerar los 32 controles internos que tiene el área de reclutamiento en el sistema en donde cargaba los datos de los jóvenes que pagaban por la libreta, y en algunos casos el documento plástico lo mandaban imprimir en un sitio clandestino que tenían en la ciudad de Medellín.
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Dentro de los capturados también se encuentra un teniente activo, quien en la actualidad era el asesor jurídico del Ejército en el departamento de Boyacá. Los capturados deberán responder por varios delitos entre ellos concierto para delinquir, uso abusivo del sistema informativo y falsedad en documento público.
Las capturas se registraron en Florencia (Caquetá), Medellín (Antioquia), Bogotá (Cundinamarca), Tunja y Samacá (Boyacá), Cali y Palmira (Valle), Valledupar (César) y Villavicencio (Meta). Los detenidos son presentados ante un juez de control de garantías, quien deberá definir su situación jurídica.