PUERTO RICO:
CAMBIO y otras organizaciones exhortan a que la AEE utilice desde ahora los fondos federales autorizados y disponibles para la rehabilitación del sistema eléctrico.
Si la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) comienza desde ahora a invertir los $9,650 millones de fondos federales autorizados y disponibles para instalar placas solares en techos y baterías de almacenamiento, al cabo de 15 años (2035) el 100% de los hogares en Puerto Rico tendría sistemas de generación con fuentes renovables confiables y constantes, es decir, se les proveería resiliencia.
Un alto número de comercios también podría instalar placas solares –en techos y estacionamientos– y baterías, lo que reduciría la vulnerabilidad a nivel familiar y comunitario frente a emergencias como los huracanes Irma y María, en 2017, y los terremotos del año pasado.
Los sistemas a instalarse tendrían una capacidad de 2.7 kilovatios en techos y baterías de 12.6 kilovatios-hora, lo suficiente como para cubrir la demanda básica de un hogar, entiéndase, la nevera, lavadora, abanicos, iluminación y algunos electrónicos. Se estima que, en la isla, hay un millón de hogares, que podrían inyectar unos 2,700 megavatios de energía limpia a la red.
Con esta acción, los costos del sistema eléctrico se ubicarían por debajo de los 15 centavos por kilovatio-hora en 2035, lo que representaría una reducción de seis centavos respecto al 2019. En otras palabras, los puertorriqueños sacarían menos dinero de su bolsillo para pagar la luz.
Además, la isla podría alcanzar el 75% de generación con fuentes renovables y reducir, a su vez, los costos de compra de combustible a $430 millones al año. En 2019 y 2020, dichos costos superaron los $1,400 millones al año, según cifras de la AEE. El 75% de generación con fuentes renovables excedería –por mucho– la meta establecida por ley de 40% para 2025 y 60% para 2040. En 2050, el 100% de la generación debe ser con fuentes renovables.
Estos, a grandes rasgos, son los principales hallazgos del “Estudio de integración del recurso solar distribuido en Puerto Rico”, divulgados hoy, miércoles, y que modeló la propuesta energética del colectivo Queremos Sol con datos de la AEE sobre los sistemas de generación, transmisión y distribución.
El estudio fue coordinado por la organización CAMBIO, en colaboración con el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés), con expertos en planificación de recursos energéticos y en modelaje de sistemas de transmisión y distribución, como Agustín Irizarry, catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. También, colaboraron las firmas Telos Energy, EEPlus y Energy Futures Group.
En conferencia de prensa virtual, la presidenta y cofundadora de CAMBIO, Ingrid Vila, resaltó que el estudio “provee información nueva y útil que muestra cómo transformar radicalmente el sistema eléctrico utilizando el sol y los techos como base”. Los sistemas fotovoltaicos que se instalarían en hogares y comercios, dijo, tendrían suficiente capacidad para “atender las cargas críticas”.
La AEE sería la encargada de acceder a los fondos federales, comprar las placas solares y baterías y coordinar su instalación en los hogares y comercios. Los ciudadanos no tendrían que hacer peticiones individuales.
De acuerdo con la ingeniera, el estudio también demuestra que “no hay necesidad de usar el dinero público en nuevas plantas de combustibles fósiles o en conversiones a gas natural de plantas existentes”, como promueve la AEE en el Plan Integrado de Recursos y, más recientemente, en el Plan de Infraestructura de 10 años que sometió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) detallando el uso de los fondos autorizados.
“Insistiendo en lo mismo no podemos esperar resultados distintos. Aun cuando se adoptan discursos sobre las fuentes renovables, las acciones de la Autoridad no guardan relación con sus palabras, y el ejemplo más reciente es el plan a 10 años presentado a FEMA, que dejó en cero la inversión para energía renovable”, expresó Vila.
El estudio concluyó, incluso, que es posible retirar la generación base de combustibles fósiles sin comprometer la estabilidad de la red, comenzando con la cogeneradora AES Puerto Rico, en Guayama (carbón), y siguiendo con las termoeléctricas Palo Seco, en Cataño, y Aguirre, en Salinas (petróleo). Las unidades restantes, como las de la central San Juan (gas natural), se utilizarían, si algo, muy pocas horas al año con 75% de energía con fuentes renovables, lo que reduciría la dependencia histórica en el sistema de transmisión.
Un estudio “muy diferente”
Por otro lado, el ingeniero Irizarry mencionó que el estudio “es uno muy diferente a los que normalmente se hacen en la industria”, y resaltó que “recreó” el 89% del sistema de distribución, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra. Esto último, destacó, permitió modelar cómo funcionaría una red que generaría la mayor parte de su electricidad con placas solares en techos en hogares y comercios.
“En el sistema de hoy, las plantas están ubicadas en las costas porque el combustible llega en barco y dependemos grandemente del sistema de transmisión para llevar la energía desde las centrales hasta los hogares. Nuestra propuesta es que ubiquemos la generación (con placas solares) y el almacenamiento en el sistema de distribución (más cerca del consumo)”, explicó.
“Con nuestra propuesta, tendríamos un millón de hogares con sistemas solares en los techos y baterías de almacenamiento para que, cuando llegue el próximo huracán como María, no muera nadie por falta de electricidad. Estos son resultados contundentes de que existe una forma de suministro de energía resiliente y robusta”, agregó.
De acuerdo con Irizarry, la propuesta “aprovecha al máximo la red existente” y, con una inversión “modesta”, que estimó en $650 millones, se podrían hacer las mejores necesarias en el sistema de distribución. “Por ser un despliegue distribuido, serán muy pocas las veces que el sistema no pueda aceptar la energía, aparte de que la estamos almacenando, algo que no ocurre con las fincas solares”, señaló.
Indicó, igualmente, que bajo el escenario que propone el estudio se reducirían hasta en 70% las emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. “Eso son cifras importantes, que nos ponen en una condición de ‘standing’ moral atendiendo el cambio climático. Nos pondría en la misma liga de la respuesta al cambio climático que ahora tienen planificada los países europeos”, acotó.
Según Irizarry, al momento hay “decenas de miles” de hogares con sistemas solares y baterías en Puerto Rico, pero, a su juicio, ese número “no es confiable”, pues solo considera a los clientes que tienen acuerdos de medición neta con la AEE. “Después del huracán María, sabemos que la cantidad es más”, dijo.
Más barato que lo actual
Entretanto, Cathy Kunkel, analista de finanzas en energía del IEEFA, resaltó que la propuesta supone $5,000 millones menos en inversión que el Plan Integrado de Recursos, y es $500 millones anuales “más barata” que el costo total del sistema eléctrico actual.
“La transformación hacia la autosuficiencia energética permitiría tener precios estables y razonables con menos inversión en los sistemas de transmisión y distribución que la propuesta por la Autoridad”, dijo Kunkel, al insistir en que, si la AEE “usa desde ahora los fondos federales para establecer este plan”, el costo del sistema podría bajar de los 15 centavos por kilovatio-hora en 2035.
“Estas inversiones en renovables estabilizarían la tarifa, ya que se reduce la dependencia en los mercados fluctuantes de combustibles fósiles. La Autoridad ha gastado más de $1,400 millones al año en combustibles importados y este escenario reduciría esa factura de combustible a $430 millones. El gobierno federal permite que los fondos se inviertan en la construcción de una red de energía limpia y renovable, como la propuesta con este modelo”, acentuó.
Kunkel mencionó que, además de las asignaciones autorizadas por FEMA, se prevén $1,900 millones en fondos de Vivienda federal para el sector energético, que también podrían servir para apoyar el despliegue de energía renovable distribuida y almacenamiento. “Pero aún no sabemos cómo se va a usar ese dinero”, declaró.
A la propuesta presentada hoy, habría que añadirle los costos resultantes de la renegociación de la deuda de la AEE, así como del Sistema de Retiro de la corporación pública. Ambos asuntos están bajo discusión ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside los casos de quiebra bajo el Título III de la ley federal Promesa. Aun así, los conferenciantes insistieron en que su propuesta sería más costo-beneficiosa y costo-efectiva que cualquier otra.
Mientras tanto, Vila informó que los resultados ya fueron compartidos con la gerencia de la AEE y los comisionados del Negociado de Energía de Puerto Rico. Próximamente, se compartirán con “otros sectores” e iniciará una campaña de divulgación masiva.
A preguntas de El Nuevo Día sobre el posible rol del consorcio privatizador LUMA Energy en la propuesta, la ingeniera respondió: “Los que aquí estamos presentando somos parte de Queremos Sol y entendemos que el contrato de LUMA es nulo y nos oponemos a ese proceso de privatización. En adición a eso, el contrato propiamente no tiene métricas que exijan el cumplimiento (de LUMA) con las metas de energía renovable. Dicho eso, la propuesta que presentamos no debe estar sujeta ni al modo de operación de la Autoridad de Energía Eléctrica ni a quien sea que gobierne el país. Esta es una propuesta de país, y es para transformar el presente y futuro de Puerto Rico”.
Reiteró que la propuesta “es una ruta que procura que nadie se quede rezagado”, por lo que instó al gobierno a comprometerse con su adopción y ejecución. A su juicio, los fondos federales autorizados y disponibles para la reconstrucción de la red representan la oportunidad de lograr “una transformación que beneficie a la gente”.
Vila indicó, por último, que el estudio se realizó durante el pasado año, y es resultado –en parte– de un litigio de CAMBIO contra la AEE para obtener acceso a documentos públicos. El estudio se hizo en consulta y con la participación de organizaciones laborales, ambientales y comunitarias proponentes de Queremos Sol, con una subvención de Filantropía Puerto Rico.
