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Los gremios empresariales basan su cálculo en la inflación y la productividad. Anif advierte que el ajuste de 2026 comprimió los salarios y aumentó la informalidad.
El Gobierno Nacional, empresarios y representantes de los trabajadores acordaron volver a reunirse el próximo martes, 13 de octubre, para continuar el análisis de las disposiciones laborales que generan inquietudes entre los diferentes sectores.
La decisión se tomó durante la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL) de esta administración, presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López.
Como parte de la ruta acordada, los sectores presentaron hasta ayer sus comentarios y observaciones. Estos insumos serán analizados en una mesa técnica y jurídica.
La ministra López señaló que el propósito del Gobierno es escuchar las posiciones de los distintos actores antes de adoptar decisiones sobre los asuntos normativos actualmente en revisión.
“El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores. Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad necesita confianza y reglas claras”, afirmó.
Temas sobre la mesa
De la agenda de discusión hacen parte asuntos asociados a las condiciones de periodistas y comunicadores sociales, la inspección laboral y la regulación de las plataformas digitales.
También se discuten temas relacionados con el trabajo doméstico remunerado, acoso, violencia y discriminación, negociación colectiva, pactos colectivos, tercerización e intermediación laboral.
Lo que plantean los gremios
Aunque la discusión formal sobre el aumento del salario mínimo para 2027 apenas comienza, los gremios empresariales ya han planteado sus primeras recomendaciones. Consideran que, a diferencia del incremento de 23,7% decretado para 2026, el ajuste deberá responder a la inflación y la productividad.
Así, con una inflación anual que podría acercarse a 7% al cierre de este año, el aumento podría ubicarse entre 8% y 9,5%, según las estimaciones.
La discusión cobra relevancia porque el aumento del mínimo incide en los costos laborales de las empresas y puede influir en las decisiones de contratación y en los precios de algunos bienes y servicios (ver gráfico).
Desde la firma de servicios BDO advierten que un incremento acorde con la inflación y la productividad tendría un impacto moderado, aunque no neutro, sobre el empleo formal. Sus investigadores señalan que, si la productividad laboral se ubica entre 0,5% y 1%, el ajuste podría rondar entre 7,4% y 7,9%.
Este cálculo es orientativo, no un piso legal automático. Según BDO, la Ley 278 de 1996 establece que la negociación también debe considerar el IPC efectivo, el crecimiento del PIB, la participación de los salarios en el ingreso nacional y la meta de inflación del año siguiente.
La proyección de inflación de 6,9% para el cierre de 2026 corresponde al escenario macroeconómico presentado por el equipo técnico del Banco de la República en su Informe de Política Monetaria de julio de este año.
La idea oficial
Tanto durante su campaña presidencial como desde el Gobierno, Abelardo de la Espriella ha sostenido que la respuesta a los desafíos del mercado laboral no debe ser recortar ni desmejorar el salario mínimo.
La apuesta consiste en mejorar las condiciones para las empresas que generan empleo mediante una reducción de impuestos. Bajo este enfoque, una menor carga tributaria permitiría aliviar los costos empresariales y contribuir a preservar los puestos de trabajo, al tiempo que se busca dinamizar la economía.
El Gobierno también ha defendido que las discusiones sobre el salario mínimo deben apoyarse en criterios técnicos y evitar incrementos que no tengan un respaldo suficiente en la realidad económica del país. La intención es que los ajustes respondan a análisis jurídicos y económicos rigurosos y no únicamente a decisiones de carácter político.
El criterio también busca evitar incrementos considerados desproporcionados frente a las condiciones de la economía, al establecer una relación más estrecha entre la evolución de los salarios y variables como el costo de vida y la capacidad productiva.
Las etapas
Aunque el proceso de discusión todavía no tiene un cronograma oficial, el centro de estudios económicos Anif señaló que la legislación y la experiencia de años anteriores permiten anticipar las principales etapas de la negociación.
La negociación comenzará con la instalación de la mesa y continuará a finales de noviembre con la publicación de las cifras de productividad. A comienzos de diciembre se conocerán la inflación y otros indicadores económicos, que servirán de base para las propuestas de trabajadores y empleadores sobre el aumento del salario mínimo y el auxilio de transporte.
Para Anif, la negociación deberá buscar preservar el poder adquisitivo de la moneda, pero también tener en cuenta la compresión salarial y el aumento de creación de ocupaciones informales que generó el incremento en 2026, además de presiones inflacionarias por excesos de demanda y crecimiento moderado del aparato productivo.
A todo lo anterior se le suman las implicaciones fiscales que tuvo el incremento del mínimo de 2026, no solo en el costo de la nómina sino también en el pago de pensiones, en un escenario de alta estrechez fiscal.
