Entre las pruebas están supuestos constreñimientos a contratistas de su administración.
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Son 290 los documentos que el diputado Luis Peláez le entregó a la Procuraduría para que estudiara la presunta participación de Daniel Quintero en política. Aunque la denuncia tiene cadena de custodia, el diputado asegura que hay pruebas de constreñimiento, contratación para favorecer a un candidato y tráfico de influencias. Queda claro, para Peláez, que a Quintero no lo suspendieron por el famoso video de “el cambio en primera”.
Incluso, aclaró que a Quintero se le notificó que sería investigado por participación política cinco días antes del video. Este argumento va en contra de la narrativa de Quintero, quien ha reforzado que la suspensión, que ha llamado “ilegal”, se debió a la publicación del video en el que pronuncia la frase de “el cambio en primera”.
“Lo que se investiga en un caso de estos es el constreñimiento a los contratistas, a los funcionarios públicos”, agregó el diputado.
Un asunto relevante es que la Procuraduría entregó al Consejo de Estado el documento en el que están las denuncias, pues ese despacho está analizando una tutela interpuesta por Quintero y su equipo jurídico, que tiene la intención de que lo devuelvan al cargo. Pero el fallo tardará más de los previsto. El tribunal se demorará más de los 10 días para tomar una decisión, pues se han acumulado varias tutelas con la misma pretensión.
Peláez comentó, frente a la investigación: “La tipificación de la falta hay que tenerla clara. Participación en política no es hacer un video del cambio en primera. La Procuraduría dice que coge ese video como un asunto final, pero la notificación ya se la habían hecho el 8 de mayo”.
Mientras la investigación en la Procuraduría avanza, el alcalde ha tenido una agenda activa en su defensa jurídica. Además de defenderse vía redes sociales y con tutelas, el alcalde estuvo esta semana en Washington (Estados Unidos) para presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde expuso su caso y argumentó que la suspensión de la Procuraduría no tiene peso jurídico.