Foto: Colprensa (imagen de referencia).(Thot)
Por: Claudia Hernández
La organización defensora de derechos humanos hizo un llamado a las autoridades competentes para que se brinden garantías a las comunidades en medio de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo.
#DenunciaPublica
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El director de la Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos, Andrés Chica, advirtió sobre el preocupante panorama que estarían enfrentando las comunidades en zona rural de Tierralta, Córdoba, donde se instalará una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), a partir del próximo 25 de junio de 2026.
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Según Cordoberxia, una reciente visita al territorio habría evidenciado «comunidades silenciadas“.
“Frente a esto, y desde que conocemos la situación, hemos estado haciendo un seguimiento comunitario con nuestra red de derechos humanos y el ejercicio en el territorio para visibilizar, evidenciar y por supuesto monitorear el ejercicio en el que está ocurriendo o el que podría ocurrir, dada la historia que tiene Córdoba y especialmente Tierralta, con dos procesos que ya se han desarrollado: el primero con las AUC en el 2002, 2003, 2006, y por supuesto con las extintas FARC-EP frente 58 y también 18, por allá en el 2016, 2017”, señaló el defensor de derechos humanos Andrés Chica.
“Recién llegamos del territorio y encontramos comunidades silenciadas, con reglas impuestas por los actores armados ilegales, en este caso el Clan del Golfo, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Han limitado inclusive en algunos lugares hasta cuántos caninos, perros, debe tener una casa. Han limitado el ejercicio social, de diálogo con las instituciones”, agregó.
Asimismo, indicó que los acuerdos pactados en Doha, Catar, entre la organización ilegal y el Gobierno Nacional se “contradicen”, pues advierte que en los territorios aún persisten hechos delictivos como amenazas, extorsión, desplazamientos, homicidios y otros.
Según Chica, la situación ya estaría en manos de las autoridades competentes, a quienes le solicitó medidas que brinden garantías a la población civil, especialmente en el corregimiento de Palmira, Tierralta, donde funcionaría la ZUT.
Tras el delicado informe, las autoridades aún no se han pronunciado en el departamento de Córdoba.
