Las celebraciones de las autoridades nacionales y los espaldarazos internacionales que generó la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, contrastan con las alertas que se comenzaron a lanzar ante las posibles retaliaciones que podría tomar el Clan del Golfo tras la caída de su máximo cabecilla.

Plan pistola, la activación de explosivos improvisados, ataques de francotiradores y hostigamiento a estaciones de Policía, son los posibles atentados con los que respondería esta banda criminal, como lo alertó un documento de la Séptima Brigada del Ejército, conocido por EL COLOMBIANO (ver facsímil), que recomienda activar protocolos de vigilancia y seguridad, especialmente en el Urabá antioqueño, una de sus zonas de influencia.

Además, el Ejército recomendó que los soldados no transiten solos, que el personal administrativo no porte uniformes en los cascos urbanos y que se activen planes de alertas tempranas con la comunidad, con el fin de evitar riesgos de atentados.

Otoniel, capturado entre el cerro Yoki y el cerro Azul en el Nudo de Paramillo, durante la operación Osiris, era el cabecilla de la banda delincuencial más grande del país, que tiene 3.800 integrantes y presencia en 12 departamentos. Sin embargo, siempre se movió en esa región del noroccidente, de acuerdo a datos de la investigación revelados por la fiscal Natalia Rendón, la mujer clave en la caída del capo, pues estuvo siguiéndole el paso durante 11 años (ver entrevista anexa).

Por eso, las preocupaciones por una arremetida se temen con mayor presencia en el Urabá, el Bajo Cauca antioqueño y departamentos de la región Caribe. De hecho, la Defensoría del Pueblo confirmó que mantiene su presencia en la región del Urabá – Darién, para prevenir violaciones a los derechos humanos.

La entidad recordó que en lo corrido del 2021 ha emitido 12 alertas tempranas por acciones del Clan del Golfo contra la población civil en Sucre, Cesar, Magdalena, Vichada, Casanare, Nariño, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que aunque todavía no se han reportado situaciones de riesgo para las comunidades, la entidad considera necesario un mayor acompañamiento en el territorio por las acciones que ese grupo ilegal ha realizado en otras ocasiones por su tradicional presencia en esas zonas del país.

Las preocupaciones por un eventual paro armado, como ya lo ha hecho ese grupo ilegal en otras oportunidades, fueron expresadas por la Fundación Forjando Futuros. Gerardo Vega, miembro de la Junta Directiva de esa organización, pidió que se proteja a la población civil ante posibles confrontaciones contra la fuerza pública, y entre el mismo Clan, por la reorganización de poderes.

Tales temores de paro armado circulan en mensajes por redes sociales que el comandante de Policía de Urabá, coronel Giovany Puentes, desmintió este lunes, asegurando que el comercio y los sectores públicos operan sin contratiempos. “Hay dispositivos de seguridad en ejes viales, zonas residenciales y comerciales, como en otros días, en coordinación con el Ejército y la Armada”, dijo.

El Clan del Golfo es también el responsable de la mayoría de los asesinatos cometidos contra policías este año, según dijo el general Jorge Luis Vargas, director de la institución, es decir, de 14 de los 47 homicidios registrados hasta mediados de este mes.

72 horas después de conocerse la captura, en el Nudo de Paramillo hay presencia de 1.800 policías y militares en operativos de control, dijo el general Fernando Murillo, director de la Dijín. “No descansaremos hasta que se acabe esta organización, vamos por ‘Siopas’, vamos por ‘Gonzalito’, vamos por ‘Chiquito Malo’, vamos por ‘Antonio’ y vamos por esos 3.256 delincuentes que están atemorizando a Colombia”.

Además, el presidente Iván Duque le dio instrucciones al comandante del Ejército, general Luis Fernando Navarro, y al ministro de Defensa, Diego Molano, de seguir transmitiendo desde la región los avances en el cerco al Clan.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, confirmó que recibió el escrito de acusación oficial de la justicia de Estados Unidos para iniciar el proceso de extradición, mientras se espera por la solicitud oficial de la embajada, ya que a las más de 100 órdenes de captura que tiene alias Otoniel en Colombia, se suma el pedido de tres cortes de ese país por delitos relacionados con narcotráfico.

Ahora se consolidará el expediente criminal que será remitido a la Corte Suprema de Justicia para que emita su respectivo concepto que, de ser favorable, dará luz verde a la extradición con la firma del presidente Duque.

Otoniel tendrá diez días hábiles para interponer un recurso de reposición. Una vez ratificada la resolución, se pondrá a disposición de la Fiscalía para su entrega a las autoridades estadounidenses.

La fiscal Natalia Rendón dijo que el respaldo de ese país fue importante para las labores de inteligencia, por lo que no descarta que, tras darse la extradición, las autoridades colombianas puedan participar de los juicios para encontrar verdades sobre los múltiples procesos que Otoniel tiene en Colombia, desprendidos del narcotráfico.

También se conoció que el Gobierno pagará las recompensas prometidas a terceros, ya que las pistas dadas por informantes fueron claves en el operativo que duró 258 días. El monto ofrecido era de hasta $3.000 millones, mientras que los Estados Unidos ofrecían $5millones de dólares