POR DANIELA OSORIO ZULUAGA |
En una audiencia pública ante la Cámara de Representantes, los congresistas, entes de control, voceros de colectivos locales y autoridades municipales, departamentales y nacionales, brindaron información sobre el proyecto del Central Park de Bello y el predio Tulio Ospina, donde se desarrollan las construcciones de lo que será un parque de 97,3 hectáreas que incluirá un autódromo.
El encuentro, que duró cuatro horas, fue propiciado por el congresista Jorge Gómez y se dio con la intención de escuchar presuntas irregularidades que han denunciado la veeduría del proyecto y la comunidad bellanita. Algunas de ellas ya han sido investigadas por la Personería y la Contraloría de Bello, al igual que por la Contraloría General de Antioquia.
Inconsistencias con el lote
Una de las denuncias en las que se centró la audiencia tiene que ver con la distribución del lote y sus respectivos dueños.
Para comprender las anomalías hay que remontarse a 1973, cuando la Nación le cedió el terreno al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y luego, un año más tarde, este se los donó a los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), con el compromiso de que la Gobernación del departamento repartiera el terreno en porcentajes proporcionales a la cantidad de habitantes.
No obstante, para poder seguir con la planeación del proyecto, la Gobernación radicó en junio de 2017 una escritura con varias modificaciones ante el ICA. En ella “se libera el uso del inmueble de la construcción exclusiva de un parque metropolitano (…) y se define que el lote cedido corresponde a Medellín y al Departamento de Antioquia en proporciones iguales”, según el documento, explicando que los demás municipios renunciaron a su parte.
Sin embargo, la Veeduría Ciudadana del Central Park, en cabeza de Carlos Contreras, presentó documentos que demostrarían que varios municipios no habían renunciado a su porcentaje del lote y que algunos que sí lo hicieron, como Copacabana y Barbosa, habrían cedido su parte a Bello y no a los actuales dueños que, como ya se dijo, son la Gobernación de Antioquia y el Amva, con un 50 % cada una.
Respecto a este lío jurídico, la Contraloría General de Antioquia logró verificar algunos de esos hallazgos, luego de destinar un equipo para revisar una denuncia de 82 puntos que hacía referencia a estos temas. En dicho informe técnico, presentado en septiembre de este año, el ente de control concluyó que pueden existir irregularidades con relación a la participación de los municipios del Área Metropolitana en el terreno.
“No se encuentran actos administrativos de los municipios (…), no existen facultades otorgadas por los Concejos Municipales del Valle de Aburrá para ceder los derechos patrimoniales al departamento de Antioquia”, dijo la Contraloría, estableciendo una posible inexactitud sobre la renuncia de los municipios. Así mismo, la entidad recordó que no tiene poder preventivo, por lo que remitió los diferentes hallazgos a los órganos de control correspondientes.
Sobre este tema, el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien había anunciado esta obra como una de las principales dentro de su administración (2016-2019), dijo que ningún municipio se había interesado en él durante 45 años, porque sería recibir un lote para hacer un parque en otro municipio y pagar impuesto predial por ello.
“En vista de ese abandono, donde el terreno ya estaba siendo invadido paulatinamente, yo le solicité al Gobierno Nacional que se cambiaran las escrituras y que permitieran que allá se hiciera un gran parque construido por la Gobernación, el Amva y Alcaldía de Medellín”, narró Pérez, agregando que el Gobierno puso un plazo de dos años y que por eso hubo que agilizar todos los trámites siguientes.
Ante la pregunta de si él verificó que todos los municipios habían renunciado a su derecho en el lote, Pérez dijo que el Ministerio de Agricultura, el Ica y el Gobierno Nacional revisaron todos los estudios jurídicos y que “esa nueva escritura no se hubiese podido dar si todo no estuviese en orden”; asimismo, resaltó que ningún municipio, “a excepción de Bello”, reclamó por las nuevas escrituras, y que en 2019 se adelantó un proyecto de ordenanza para entregarle al municipio la parte que le corresponde.
Otros puntos del debate
Además de esas disputas por las participaciones en el terreno, durante la audiencia se habló de una posible falta de planeación que permitió que el proyecto se empezara a construir sin percatarse de una red de gas y energía de EPM que pasaba por allí, y sin estudiar las posibles implicaciones ambientales que se pueden dar con el funcionamiento del autódromo, tanto en el humedal que existe en el terreno, al que se le están realizando estudios para ser declarado como reserva, como para la contaminación auditiva que puede provocar perjuicios en las áreas residenciales cercanas.
Para cerrar, Gómez mencionó otros posibles hechos de corrupción relacionados con la licitación, los diseños del proyecto, los afanes con que se dieron los actos administrativos, entre otros. “Las irregularidades son evidentes y que el proceso judicial para demostrarlo sea lento no quiere decir que sean mentiras. Las denuncias son gravísimas y salpican a la administración anterior”, concluyó el representante, reiterando en la necesidad de evaluar el futuro del proyecto, para el que todavía se requieren más inversiones.