Juan Guillermo Sanmartín Romero
7 líderes sociales han manifestado ser víctimas de algún tipo de abuso.
TOMADA DE:https://caracol.com.co/emisora
En Medellín y Antioquia diariamente se comparten cifras de las autoridades con un consolidado de las manifestaciones, las organizaciones defensoras de derechos compartieron su balance desde el papel de las víctimas. Según los defensores, son 1.034 de denuncias posibles casos de abusos policiales, que vienen desde las marchas del 28 de abril hasta las más recientes.
Leyder Perdomo, líder social de Proceso Social de Garantías, señala que han evidenciado varios abusos por parte de la fuerza pública.
¿Cómo tomaron los registros? Las entidades defensoras de derechos en cada manifestación tienen comisiones de verificación que toman declaraciones en terreno y a la distancia, en donde registran y posteriormente consolidan los casos que denuncian los ciudadanos.
“Las agresiones de la Policía en contra de quienes han participado de las manifestaciones, estamos hablando de 1.034 agresiones, más de mil en menos de una semana y 674 agresiones en contra de la libertad de las personas, porque han sido privadas de la libertad esa cantidad. La tortura ha sido el siguiente mecanismo de maltrato y violación de la fuerza pública y concretamente de la Policía”, señaló el defensor.
Leyder Perdomo, señala que las organizaciones defensoras de derechos humanos también denuncian que siete líderes sociales han sido víctimas de algún tipo de abuso de autoridad, durante las jornadas de manifestación.
“Los defensores de derechos hemos sido objeto de amenazas en el contexto de la manifestación, hemos sido objeto de hurto, destrucción de nuestros bienes y medios de comunicación. También hemos sufrido maltratos físicos, porque un total de siete defensores y defensoras han sido agredidos en su corporalidad”, agregó el defensor.
Las organizaciones sociales están pidiendo que los dejen instalar un Puesto de Mando Unificado popular, para tomar un registro de estos casos de excesos de fuerza, que muchas veces quedan por fuera de los registros oficiales.
Los líderes ya están adelantando procesos jurídicos de estos posibles casos de abuso, ante la Procuraduría.