EL SALVADOR:
Por David Bernal
Las organizaciones demandantes sostienen que las personas enviadas por Estados Unidos al sistema penitenciario de El Salvador enfrentan desaparición indefinida y que el proceso no tiene justificación legal.
Un total de seis organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda civil para bloquear el acuerdo que permite que Estados Unidos deporte ciudadanos de otros países hacia el sistema penitenciario salvadoreño, como los más de 200 venezolanos que actualmente se encuentran recluidos en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
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La Robert F. Kennedy Human Rights, la National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL), Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), Immigration Equality y el California Collaborative for Immigrant Justice (CCIJ) demandan al Departamento de Estados de los Estados Unidos al considerar que el gobierno del presidente Donald Trump comete un «abuso de poder típico de regímenes autocráticos y una violación directa de la Constitución de Estados Unidos, las leyes federales y los derechos humanos».
Este acuerdo de detención clandestina externaliza las violaciones de nuestra Constitución. Obliga al público estadounidense a pagar los gastos del secuestro, la tortura, el hambre y la negación del debido proceso que sufrieron nuestros clientes, actualmente encarcelados en El Salvador, y otros», publicó Kerry Kennedy, presidenta de la Robert F. Kennedy Human Rights, en su cuenta de X.
Las organizaciones demandantes defienden a varios de los ciudadanos venezolanos que han sido enviados por Estados Unidos hacia el CECOT en El Salvador desde el pasado 15 de marzo de 2025. Desde entonces no han podido tener contacto con ellos y consideran que esta acción vulnera su labor como defensores de derechos humanos.
“Diez de nuestros clientes fueron secuestrados en las calles de Estados Unidos y confinados en una de las cárceles-agujero negro más infames del mundo, en un plan para usar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para desapariciones forzadas, detención en régimen de incomunicación y tortura”, declaró Anthony Enriquez, vicepresidente de Defensa y Litigios en Estados Unidos de Robert F. Kennedy Human Rights.
En su demanda las organizaciones documentan los abusos que, según ellos, se realizan en el CECOT y en otras cárceles salvadoreñas a los privados de libertad. Además, reiteran que el gobierno de Trump se ha comprometido a pagar $20,000 por cada persona que es enviada al CECOT, dinero que es tomado de los contribuyentes estadounidense.
«La denuncia alega que las acciones del Departamento de Estado violan la Ley de Procedimiento Administrativo, entre otras cosas porque contradicen múltiples disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos, como la Quinta Enmienda (debido proceso), la Sexta Enmienda (derecho a la asistencia letrada) y la Octava Enmienda (protección contra castigos crueles e inusuales). El acuerdo también elude la ley de inmigración estadounidense, ignora las regulaciones federales sobre detención y contratación, y viola tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura», añaden las demandantes en un comunicado en conjunto.
Esta demanda se une a otras que ya han sido puestas por diversas organizaciones y defensores de deportados, como la del salvadoreño Kílmar Ábrego García, quien fue enviado por un error administrativo al CECOT y una jueza ya ordenó que se haga todo lo posible para su retorno a los Estados Unidos, pero no se ha cumplido con ello.