EL SALVADOR:
ADES Santa Marta y organizaciones sociales criticaron que el proceso de los líderes ambientalistas tenga como trasfondo la reactivación minera en El Salvador.
La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de la comunidad Santa Marta, en Cabañas, con el apoyo de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, hicieron un llamado para defender los recursos naturales en contra de la explotación minera, a la vez que se solidarizaron con el proceso judicial contra los líderes ambientalistas.
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Vidalina Morales, directora de ADES, mencionó que no hay estudios que justifiquen la actividad minera en el país, a la vez que señaló que esta puede traer graves consecuencias debido a la destrucción ambiental y la contaminación de ríos, entre otros factores.
«En El Salvador no es viable la minería. Este Gobierno miente al decir que la minería viene a traer desarrollo al país, que hasta viene a limpiar el Río Lempa, es que mienten de una manera tan descarada que no se puede ocultar. Aquí hay contaminación y la minería traerá más contaminación. No va a generar dinero, ni riquezas», expuso.
«Asumimos el llamado a cerrar filas contra la amenaza de la explotación minera», añadió ADES, pues considera que la lucha es por la «sobrevivencia nacional y la salud».
Por ello, hacen la propuesta a las organizaciones de sociedad civil, derechos humanos, académicas y demás a «hacer un solo cuerpo» en la lucha contra la reactivación minera.
El proceso contra los líderes de Santa Marta
En el marco del cumplimiento de 25 meses de la captura de los líderes ambientalistas de dicha comunidad, ADES y las diferentes organizaciones enfatizan que el proceso judicial en contra de los líderes ambientalistas de Santa Marta tiene como trasfondo la reactivación minera en el país y que se hizo latente con la derogación de la ley que prohibía dicha actividad.
La nueva vista pública, ordenada por la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque que anuló la absolución de los ambientalistas tras el juicio realizado en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas, se debió desarrollar desde el pasado 3 de febrero; sin embargo, el Tribunal de Sentencia de San Vicente decidió suspenderlo ante la ausiencia de los imputados y programarlo para el próximo 9 de abril.
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), mencionó que se trata de una «persecución política» en contra de los ambientalistas.
«Nos sumamos al llamado en contra de la persecución de los líderes ambientalistas. No podemos permitir que en una decisión política la Cámara de los Penal diga que se deba repetir el juicio, cuando ya habían sido declarados inocentes, mucho menos en un contexto donde, con dedicatoria ya se reformaron las penas a delitos como se les acusa de manera infundada», manifestó.
Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, dijo que el proceso se hace contra personas que enfrentaron una lucha en contra de la minería. «Condenamos el doble enjuiciamiento a los cinco defensores ambientales quienes ya demostraron un particular heroísmo en la lucha contra la minería metálica. Desempeñaron un papel clave las pretensiones de la minería», enfatizó.
Los cinco ambientalistas procesados por un supuesto crimen de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) son Antonio Pacheco, presidente de la ADES; Saúl Rivas, representante legal de la ADES; Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez; además del excombatiente Fidel de Dolores Recinos