EL SALVADOR:
Por Flor Ayala
Los cinco empresarios del transporte público que fueron capturados el lunes 5 de mayo tras irrumpir la orden de gratuidad enfrentan ahora una nueva acusación: peculado, por presuntamente cobrar el pasaje este martes pese a haber recibido el pago del gobierno.
El gobierno salvadoreño añadió el delito de peculado a los empresarios de transporte público capturados el lunes 5 de mayo, luego de que algunas rutas cobraran pasaje a los usuarios pese a la orden del gobierno de brindar transporte gratuito durante toda la semana.
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«Además de los delitos señalados anteriormente, en esta ocasión se suma el delito de peculado (es decir, robo de fondos públicos), ya que recibieron dinero del Estado a cambio de brindar un servicio que, en muchos casos, no cumplieron», anunció el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Facebook.
El delito de peculado se suma a la lista de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión de los que son acusados Genaro Ramírez (AEAS), José Alejandro Arriaza (vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán), Alexander Sorto (empresario de la ruta 205 de Sonsonate), Abel Reina (empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín) y Nelson David Moreno (empresario de la ruta 79 de la Libertad), quienes aún se encuentran detenidos.
Bukele argumentó este martes, que se han registrado «múltiples irregularidades por parte de algunos transportistas», ya que hubo unidades de transporte que sí cobro pasaje, pese a que, según el mandatario el Estado depositara el pago por adelanto de los siete días que se brindará transporte gratuito. «Se hará cumplir la ley», escribió.
Añadió que este día algunas unidades no realizaron sus recorridos y las que sí lo hicieron «no permitieron que los usuarios abordaran, a pesar de ir vacías», además, según el mandatario, hubo unidades de transporte que sí cobro pasaje.
La gratuidad del transporte público se anunció la noche del domingo luego de que el tramo de Los Chorros de la carretera Panamericana continuara cerrada tras sufrir la caída de varios taludes de tierra. Sin embargo, la mañana del lunes, varias rutas cobraron pasaje y hubo escasez de unidades, de acuerdo a las denuncias presentadas por el Viceministerio de Transporte.
Ante ello, el Nayib Bukele ordenó a la Policía Nacional Civil capturar a los propietarios de las rutas involucradas. Sin embargo, penalistas han señalado que dichas capturas son arbitrarias; ya que ellos no incumplieron deberes, que es uno de los delitos que les imputan, puesto que estaban reunidos para afinar los pagos que les iba a hacer el gobierno, y por ende, no hay “denegación de auxilio”, porque no hay un terremoto o algún fenómeno parecido, y es el caso que podría aplicar.
«Habrá que ver dónde se establece ese incumplimiento y cuál es el documento que respalda eso que les están exigiendo, porque un tweet no es una manera para decir que se va a acatar una orden. Eso es informal, ya que estamos hablando de concesiones que el Estado le ha entregado a la empresa privada que es administrar el transporte público y eso implica que haya una comunicación formal a través del Ministerio de Transporte”, sentenció Jayme Magaña, abogada penalista.