EL SALVADOR:
Acuerdo con la Cámara Americana de Comercio busca capacitar a empresas y personas con discapacidades.
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La Cámara Americana de Comercio (AmCham) y el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD) firmaron ayer miércoles un convenio para regular el trabajo de las empresas privadas americanas en El Salvador y mejorar la inclusión de personas con discapacidad en sus instalaciones.
Las autoridades del CONAIPD y la AmCham firmaron ayer un Memorando de Entendimiento de Cooperación para «establecer y regular el trabajo» de ambas instituciones en favor de las personas con discapacidad, explicó Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio.
De acuerdo con Muñoz, el proyecto tendrá una duración de tres años, en los que se brindarán asesorías y acompañamiento a empresas americanas interesadas en sensibilizarse y adecuar sus espacios para incluir a personas con discapacidad entre sus filas.
“Estamos comprometidos como AmCham en abrir oportunidades de mejora para ser inclusivos con las personas con discapacidad”.
Carmen Aída Muñoz, Directora ejecutiva AMCHAM
Además, se buscará no solo la formación de empresas, si no el fortalecimiento de las habilidades de personas con discapacidad, indicó la ejecutiva.
La directora del Índice Global de Discapacidades (GDEI), Dorothy García, explicó que la tasa de desempleo de personas con discapacidad es dos veces mayor a la del resto de personas, y el índice de autoempleo es un 50 % más alto.
Al respecto, Muñoz aseguró que buscarán fortalecer las destrezas personas con discapacidad para que puedan tener una oportunidad en las empresas.
» Una persona con discapacidad puede tener las competencias necesarias para este cargo, pero se prepararán en materias adicionales como el idioma inglés, tecnología y atención al cliente, para mejorar las oportunidades», explicó.
Avance lento
El CONAIPD es el ente rector de la normativa nacional sobre los derechos de personas con discapacidad, enmarcadas en la nueva «Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad», aprobada en junio de 2020 por la Asamblea Legislativa.
La ley, que entró en vigencia parcial el 1 de enero de 2021, sigue sin aplicarse en el país debido a la falta de un reglamento y de un Tribunal Sancionador que se encargue de garantizar el cumplimiento de derechos y castigar a empresas e instituciones que no apliquen la normativa.
