EL SALVADOR:
El pleno legislativo aprobó la nueva ley en la última sesión plenaria del año. El estudio de la nueva normativa no fue consultado.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este lunes la nueva Ley General de Minería Metálica con 57 votos a favor, en una sesión que suscitó intensas críticas tanto de diputados opositores como de organizaciones medioambientales, quienes señalaron la falta de discusión pública y de estudios técnicos sobre el impacto de la minería metálica en el país.
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Esta normativa establece al Estado como único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, eliminando la necesidad de concesiones legislativas, pero permitiendo asociaciones con empresas privadas bajo modalidades de cooperación público-privada.
A pesar de las disposiciones que buscan regular la actividad minera, la ley ha generado un rechazo considerable, particularmente por la ausencia de un análisis riguroso sobre las implicaciones ambientales y sociales de la minería metálica.
El dictamen de la ley fue emitido favorablemente el pasado sábado por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, la cual está integrada mayoritariamente por diputados del partido oficialista, Nuevas Ideas. Sin embargo, esta Comisión no incluyó consultas a expertos ni a los sectores que se verían directamente afectados por las actividades mineras.
A lo largo de la discusión en el pleno de la Asamblea Legislativa, varios legisladores opositores, como el diputado Francisco Lira de ARENA, criticaron la falta de estudios de impacto ambiental y la ausencia de planes estratégicos claros para mitigar los posibles efectos negativos que la minería metálica podría tener sobre el medio ambiente y las comunidades cercanas a las zonas de explotación minera.
Según Lira, el trámite de la ley fue apresurado, calificando la discusión como una “pantomima” debido a la escasa información presentada y a la falta de debate con los sectores implicados.
La diputada Cesia Rivas, del partido VAMOS, también expresó su descontento con el proceso. Rivas calificó la discusión como “insuficiente” y acusó al gobierno de no haber incluido las voces de expertos ni de las comunidades que podrían verse afectadas por la minería.
“Este proceso representa un retroceso para la salud de los salvadoreños. No se presentaron pruebas de que esta ley traerá beneficios al país, pero sí existen evidencias históricas de los daños que la minería ha causado en otros lugares del mundo”, afirmó Rivas.
Derogación de la prohibición
La nueva Ley General de Minería Metálica deroga la Ley de Prohibición de Minería Metálica aprobada en 2017, que había sido un logro importante de los movimientos sociales y organizaciones medioambientales en el país, que lucharon por años para evitar la extracción de minerales metálicos en un país pequeño y vulnerable como El Salvador.
La derogación de esta ley ha generado un fuerte rechazo de estos sectores, que consideran que la entrada en vigor de la nueva normativa constituye un retroceso significativo en la protección de los recursos naturales y la salud pública.
Según el gobierno, el cambio de legislación responde a la necesidad de aprovechar de manera “racional y sostenible” los recursos minerales del país para fomentar el desarrollo económico, y para generar empleo y recursos para el Estado.
Una de las disposiciones clave de la nueva ley es el artículo 8, que prohíbe el uso de mercurio en actividades mineras debido a su toxicidad, exigiendo que cualquier mercurio generado sea tratado conforme a planes específicos regulados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Sin embargo, a pesar de esta medida, que fue vista como un avance en términos de protección ambiental, los opositores a la ley consideran que las medidas incluidas son insuficientes y que el retorno de la minería metálica podría tener efectos devastadores en el medio ambiente y en las comunidades más vulnerables, que enfrentan los riesgos de contaminación del agua, la deforestación y la destrucción de ecosistemas frágiles.
Además, aunque se excluyen de las actividades mineras ciertas zonas sensibles, como las áreas de recarga hídrica y las reservas naturales, estas medidas no han logrado apaciguar las críticas.
La percepción de la población salvadoreña sobre la minería metálica también juega un papel fundamental en este debate. Según los resultados de una encuesta nacional realizada entre el 5 y el 17 de diciembre por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), un 59.2% de los salvadoreños considera que el país no es adecuado para la minería metálica.
Esta percepción ha sido constante a lo largo de los años, y los resultados de la encuesta coinciden con los obtenidos en 2007 y 2015, donde la mayoría de los encuestados también expresó su preocupación por la minería metálica.
Además, un 61% de los participantes en la encuesta señaló que la minería tendría impactos negativos en el medio ambiente, y más específicamente, el 29.9% identificó la contaminación de fuentes de agua como el principal problema asociado con esta actividad.
Otros problemas señalados fueron la contaminación general del medio ambiente (15.6%) y la deforestación (7.7%). Además, un abrumador 95% de los encuestados consideró que vivir cerca de una mina representaría un riesgo, con un 79% de ellos calificando esta situación como “muy peligrosa”.
Los expertos también han expresado su preocupación por los posibles efectos de la minería metálica en el país.
Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, calificó la aprobación de la ley como un retroceso que afecta años de lucha contra la minería metálica en El Salvador.
“Es una bofetada para la sociedad que trabajó incansablemente para prohibir la minería metálica en 2017. Los riesgos que implica para un país tan pequeño y con limitados recursos hídricos son inaceptables”, afirmó Serrano.
De igual manera, Andrew McKinley, experto en agua y minería de la UCA, cuestionó la viabilidad económica y ambiental de la minería en El Salvador, al señalar que la concentración de oro y plata en el subsuelo del país es muy baja, lo que haría inviable el proceso extractivo de manera rentable y sostenible.
McKinley explicó que, para extraer suficiente oro para hacer un anillo, se necesitarían procesar más de 20 toneladas de roca y tierra. “¿Qué implicaría eso para un país tan pequeño como El Salvador?”, reflexionó el experto.