EL SALVADOR:
La Alcaldía de La Paz Centro entregó ayer, viernes 10 de mayo, una orden de desalojo para 59 ramadas ubicadas frente al Parque Recreativo Costa del Sol.
TOMADA DE: https://www.laprensagrafica.com/
La comuna se basa en resoluciones del Juzgado Ambiental de San Salvador, que aduce presuntas «afectaciones ambientales» provocadas por las operaciones de estos comercios.
La Alcaldía de La Paz Centro, entregó ayer, viernes 10 de mayo, una orden de desalojo a comerciantes del kilómetro 11, 12 y 13 del Bulevar Costa del Sol, en La Paz, para que en un plazo de 24 horas retiren las 59 ramadas donde ofrecen sus productos y servicios a los visitantes de este punto turístico.
Funcionarios de la comuna aseguraron a LA PRENSA GRÁFICA que la orden de desalojo responde a una resolución del Juzgado Ambiental de San Salvador. El documento, al que este periódico tuvo acceso, afirma que recibieron un denuncia por la «afectación ambiental» que generan estos establecimientos comerciales, ubicados en los espacios públicos de la playa frente al Parque Recreativo Costa del Sol.
La resolución sostiene que las ramadas representan «una violación a las normativas ambientales», por lo que se requiere «una acción inmediata» y enlista además una serie de presuntos impactos ambientales por las operaciones de estos pequeños comercios, como degradación de los ecosistemas costeros, contaminación del agua, generación de residuos sólidos y alteración del equilibrio ecológico.
«En esa resolución se le ordena al señor alcalde de San Luis La Herradura, ahora distrito, a quitar en un término de 48 o 72 horas todas las ramadas que se encuentran frente al turicentro Costa del Sol, que son 59. Solo se está dando cumplimiento a la orden judicial. De lo contrario se caería en el delito de desobediencia, entre otros», dijo Ezequiel Girón, secretario del concejo municipal plural de La Paz Centro, con sede en el distrito de San Luis La Herradura.
La ordenanza prohíbe cualquier venta o estructura que esté en la playa, ni enfrente a hoteles, restaurantes o centros recreativos. Tiene que estar a una distancia de 300 metros»
César Ticas
Jefe de Catastro y Control Tributario del concejo municipal plural de La Paz Centro
Uno de los comerciantes, quien solicitó el anonimato, expuso a este periódico que «nos están amenazando con quitarnos los puestos, que nos tenemos que ir de ahí. Los abogados nos han dicho también que se debe llegar a un acuerdo para que la municipalidad nos dé alguna alternativa. De momento estamos complicados, sin poder vender y con muchas amenazas».
Rudy Joya, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), que está brindando apoyo legal a los 59 comerciantes afectados, dijo que muchos de ellos tienen 20 años de trabajar en la zona, contando además con permisos municipales y del Ministerio de Turismo (MITUR).
Joya también afirmó que el Juzgado Ambiental no tiene atribuciones para ordenar desalojos y la resolución en la que se ampara la alcaldía más bien ordena una inspección y, de no haber condiciones para que los comerciantes estén en el lugar, que cesen sus operaciones y se les reubique.
«Al revisar el documento (la orden de desalojo), estamos advirtiendo que la misma puede contener temas de falsedad, cometimiento de delitos, fraudes, documentos emitidos por la alcaldía de La Paz Centro en el que hay información errónea, pues al leer la resolución de medidas cautelares, se observa que se han dictado estas medidas por una denuncia de contaminación ambiental, pero se está dando un plazo de 24 horas para que la alcaldía realice una inspección», dijo Joya.
No obstante, César Ticas, jefe de Catastro y Control Tributario del concejo municipal plural de La Paz Centro, aseguró que la orden de desalojo proviene de una segunda resolución del Juzgado Ambiental de San Salvador, emitida la semana pasada.
Según Ticas, el pasado 9 de abril recibieron la primera notificación de parte del juzgado y a partir de eso se reunieron con los vendedores para su reubicación, proponiéndoles un traslado al turicentro. Sin embargo, en una segunda resolución emitida el 6 de mayo resultó que el desalojo era inminente.
Nos están amenazando con quitarnos los puestos, que nos tenemos que ir de ahí. Los abogados nos han dicho también que se debe llegar a un acuerdo para que la municipalidad nos dé alguna alternativa. De momento estamos complicados, sin poder vender y con muchas amenazas»
Comerciante de la Costa del Sol
Según esta segunda resolución, de la cual LA PRENSA GRÁFICA también tiene una copia, el juzgado ordena realizar una inspección en la zona del parque recreativo en un plazo de 24 horas para verificar las actividades comerciales, si poseen servicios sanitarios o duchas y si cuentan con el respectivo permiso ambiental.
De no tener permisos ambientales, deberán suspender sus actividades y reubicarse en un sitio que el Gobierno haya creado, cita el documento. Ticas aseguró que ningún comerciante tiene permisos ambientales y por esta razón procedería el desalojo. Además, la resolución expone que deben demostrar «que la zona se encuentre libre de establecimientos comerciales».
Es a partir de esta segunda resolución que ayer, 10 de mayo, informaron a los comerciantes que debían desmontar sus ramadas y que la orden es de pronto cumplimiento. El jefe de catastro reconoció que por tratarse de 59 estructuras, no pueden cumplir con la orden de inmediato, aunque también señaló que esta responsabilidad es compartida con la administración del turicentro y la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil, con quienes ya están coordinados, aseguró.
«La ordenanza prohíbe cualquier venta o estructura que esté en la playa, ni enfrente a hoteles, restaurantes o centros recreativos. Tiene que estar a una distancia de 300 metros. Nos encontramos en un dilema, pues la resolución, a la que me informaron ayer (jueves 9 de mayo), nos daba solo 24 horas para el desalojo, pero la juez ordena que enviemos un informe que está limpio de toda estructura», dijo Ticas.