EL SALVADOR:
Dos testigos que administraban las tiendas en centros penales explicaron cómo se manejaba el dinero y uno de ellos indicó que en diciembre el ingreso podía superar los $100,000 diarios.
Este lunes 16 de septiembre continuó la vista pública del Caso Asocambio con la intervención de dos testigos, ambos extrabajadores de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y quienes expusieron la forma cómo se manejaba el dinero de las tiendas penitenciarias. Uno de ellos mencionó que, a diario, cada tienda de centro penal podía recolectar un aproximado de $25,000.
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El primer testigo ofertado por la Fiscalía General de la República (FGR), que trabajó del 24 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 para la DGCP y del 1 de enero de 2019 a agosto de ese mismo año bajo la administración del programa denominado Asocambio, mencionó que el dinero que ingresaba a las tiendas penitenciarias eran de los familiares de los privados de libertad.
Ante la pregunta de los abogados defensores sobre la cantidad de dinero que ingresaba a cada centro penal, el testigo mencionó que eran $25,000 y que «en diciembre, la cantidad puede llegar a los $100,000».
Agregó que conocía bien las cantidades y la administración, pues era el supervisor de la colecturía de las tiendas penitenciarias y confirmó que mientras laboró ahí «ningún funcionario» tuvo acceso a las cuentas donde se depositó el dinero.
«El dinero que se recibía era trasladado por personal de Sersaprosa (Servicio Salvadoreño de Protección S.A. de C.V.) y depositado en las cuentas bancarias, las cuales estaban a nombre de la DCGP. Ya con Asocambio, se hizo el mismo procedimiento», indicó.
En diciembre de 2018 reunieron a todo el personal de dichas tiendas (alrededor de 300 personas) y les mencionaron que pasarían a formar parte de Asocambio con el objetivo de recibir las prestaciones de ley, pues el testigo mencionó que desde su ingreso a la institución (2016) nunca trabajó por contrato, ni tuvo dichas prestaciones.
Otro testigo trabajo en tres penales
Por su parte, una testigo que laboró en los centros penales de San Francisco Gotera, Morazán; Centro Penal La Esperanza y Centro Penal de Ilopango, estos últimos en San Salvador, en el periodo del 24 de febrero de 2016 a enero de 2024, coincidió en que se realizaba el mismo procedimiento.
El dinero recibido se utilizaba para la adquisición de nuevos productos y materiales que eran puestos a disposición de los privados de libertad. Ella era encargada de abastecer el inventario, gestiones de compras, administración de recursos, supervisor personal.
«De ese mismo dinero se hacían las compras. Todo a través del sistema, ya se tenían las empresas que suministraban los productos», indicó.
Acerca de las auditorías realizadas al manejo de los fondos, ambos testigos dijeron que solo tuvieron conocimiento de los que realizó la misma DGCP, ninguna institución ajena hizo alguna gestión al respecto.
Esta testigo también hizo mención a que, si bien el dinero provenía de entes privados que eran los familiares de los privados de libertad, al ingresar a una institución pública ya se convertía en un fondo público.
En este proceso judicial son procesados 21 personas, quienes están acusadas de desviar fondos de las tiendas penitenciarias de Asocambio y son señalados por la Fiscalía de cometer los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad. Entre ellos el exministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, el exinspector de Centros Penales Ramón Roque, el exministro de Justicia y Seguridad Raúl Antonio López, el exdirector de Centros Penales Marco Tulio Lima y el exdirector jurídico del Ministerio de Justicia José Roberto Nóchez.
Operaban con ilegalidad
Para el exministro Ramírez Landaverde, las declaraciones han reafirmado las razones «del por qué se creó Asocambio» en cuanto a la ilegalidad en la que operaron administraciones pasadas.
«Han ratificado por qué se creó Asocambio, era una necesidad dada la ilegalidad en la cual funcionaba, en la que los empleados habían sido contratados prácticamente de palabra, no tenían prestaciones laborales. Es decir, actuaban en la más completa y total ilegalidad. Para eso se creó Asocambio, para darle legalidad», mencionó.
Por su parte, Erick Ferrufino, abogado defensor de Raúl Antonio López, dijo tras la audiencia que las declaraciones de los testigos refuerzan lo expuesto por los imputados en que no se ha cometido ninguna ilegalidad, ni los funcionarios tuvieron acceso a dichos fondos.
«Han venido a confirmar que (las tiendas penitenciarias) siempre han venido funcionando de la misma forma. Lo que se buscó (con Asocambio) era tener un poco más de control de las finanzas. Los fondos no son públicos, son privados, pero como ingresan a una institución pública, entonces debe llevarse un control», indicó.