El ELN y el Estado Mayor Central también luchan por el control y están en el 26% y el 15% del departamento respectivamente, documentó Antioquia Cómo Vamos.
El Clan del Golfo está ganando la lucha por el poder criminal en Antioquia. En medio del ascenso que ese grupo armado experimenta desde la firma de los acuerdos de paz con las Farc, el programa Antioquia Cómo Vamos alertó que para 2023 este ya tenía presencia en por lo menos 66 de los 125 municipios del departamento.
Aunque esa organización, que recientemente cambió su autodenominación a Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mantiene el grueso de su influencia en subregiones históricas como el Urabá y el Bajo Cauca antioqueño —a su vez conectadas con otros departamentos estratégicos como Chocó, Córdoba, Bolívar y Santander—, también se ha fortalecido en otras áreas como el Suroeste antioqueño, el Oriente y el Valle de Aburrá.
Este fue uno de los principales hallazgos que quedaron documentados en el capítulo de seguridad del más reciente Informe de Calidad de Vida 2023 de Antioquia de dicho programa, en el que se construyó una detallada radiografía del crimen organizado en la región.
Si bien a nivel general la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el departamento viene reduciéndose año a año desde 2019, pasando de 36,9 ese año a 26,3 en 2023, el panorama es diferente en cada territorio.
En dirección contraria a esa reducción, en subregiones como el Suroeste y el Occidente las variaciones anuales de los homicidios vienen al alza, mostrando que la lucha por el control territorial, en la que también participan el ELN y el Estado Mayor Central, sigue fuera de control en varios territorios.
Botín en juego
Los principales puntos de tensión en esa confrontación continúan siendo la disputa por las rentas ilegales y el control de corredores estratégicos para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
Pese a no necesariamente tener un incremento porcentual en su número de homicidios si se compara con 2022, el listado de subregiones más calientes está encabezado por el Nordeste, que cerró en 2023 con la tasa de asesinatos más alta de todo el departamento 74,4%.
Comparado con el año anterior, este indicador cayó 43,3 puntos, pero junto a las vecinas subregiones del Bajo Cauca y el Norte, el Nordeste es uno de los puntos más críticos a nivel nacional en materia de conflicto armado, sobre todo por cuenta de la confluencia del ELN y de las disidencias de las Farc del EMC, que luchan por hacerse también al control del sur de Bolívar.
Tan solo en materia de cultivos ilícitos, Antioquia Cómo Vamos señaló que de acuerdo al más reciente informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), el Norte y el Bajo Cauca tenían dentro de su jurisdicción al sexto enclave de mayor tamaño de sembrados de coca de los 15 más grandes detectados a nivel nacional. Este está localizado entre los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres, en los que se calcula hay al menos 5.908 hectáreas de matas.
“Este enclave hace parte de un corredor más amplio de áreas sembradas con coca que se extiende desde el sur de Córdoba hasta el enclave San Pablo-Taracué en el sur de Bolívar. En este corredor se encuentran otros municipios del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, como El Bagre, Zaragoza y Segovia”, precisó el informe de Antioquia Cómo Vamos.
Desde mediados de este año, varias de las regiones cocaleras del país se han visto golpeadas por la caída en los precios de productos como la base de coca, que según han documentado los organismos de inteligencia y de lucha contra las drogas a nivel internacional está asociada al auge en la producción de narcóticos y el desbordamiento de los cultivos ilícitos.
En septiembre de 2023, Bloomberg Economics publicó por ejemplo un dato elocuente, indicando que mientras las exportaciones y los ingresos de sectores como el petrolero se venían contrayendo, los ingresos asociados a la venta de cocaína seguían creciendo sostenidamente, alcanzando al menos unos 18.200 millones de dólares en 2022, 5.800 millones de dólares más en comparación con el año anterior.
El centro de pensamiento InSight Crime, dedicado a la investigación del crimen organizado en América Latina, alertó también en enero de este año que desde 2018 la producción potencial de cocaína en Colombia había pasado de 1.120 toneladas durante ese primer año a 1.738 en 2022; es decir, 600 más, dando cuenta de un fenómeno desbordado.
Precisamente en medio de esa sobreoferta, también se ha incrementado la importancia de otras actividades ilegales como la minería ilegal que, regresando a Antioquia, ha desatado una guerra a sangre y fuego en varios territorios.
Uno de esos puntos críticos es la Serranía de San Lucas, localizada en el extremo norte de la cordillera central y en la que se unen los departamentos de Antioquia y Bolívar.
Además de la compleja situación de orden público, esta zona de reserva se ha convertido en uno de los principales focos de deforestación a nivel nacional, precisamente por la minería ilegal.
En el Nordeste, la guerra está prendida entre el Clan del Golfo, el ELN y el EMC principalmente por la disputa de por lo menos 120 minas de oro regadas en municipios como Segovia, Remedios, Amalfi y Anorí, en una disputa a la que también se ha sumado la estructura Libertadores del Nordeste.
Otro punto crítico está en el municipio de Buriticá, en el Occidente antioqueño, dominado por el Clan del Golfo y en donde un contingente de más de 1.500 mineros ilegales libra una guerra de trincheras contra la Fuerza Pública y la minera Zijín Continental para apoderarse de su gigantesco complejo minero subterráneo.
Recientemente también viene creciendo la preocupación en subregiones como el Oriente antioqueño, que tiene su riqueza hídrica en riesgo por cuenta de una ofensiva también liderada por el Clan del Golfo y que se estima ya tiene presencia en municipios como Argelia, San Rafael, Sonsón y en general en las zonas geográficas atravesadas por el cañón de los ríos Santo Domingo y Melcocho, el cañón del río Verde y los ríos Nare, Arma y Calderas.
Este año, entes como Cornare han recibo por lo menos unas 60 denuncias por actividades de minería ilegal en su jurisdicción, un número impensado años atrás.
Además de la minería y el tráfico de drogas, otras actividades que se asocian a rentas ilegales se muestran igualmente desbordadas.
Solamente en materia de extorsión, Antioquia Cómo Vamos hizo una compilación de cifras de varias entidades estatales y alertó que la tasa de denuncias por ese delito viene creciendo durante los últimos cinco años.
En 2019, la tasa de denuncias por extorsión por cada 100.000 habitantes en Antioquia estaba en 9,6, retrocedió a 9,5 entre 2020 y 2021, luego escaló a 9,9 en 2022 y el año pasado cerró en 13,9.
La lista de subregiones con las tasas más altas estaba encabezada por el Valle de Aburrá, con una de 36,6, seguida por el Nordeste con 26,5, el Magdalena Medio con 22,7 y el Nordeste con 22,6.
De igual forma, el secuestro se incrementó ostensiblemente, haciendo que Antioquia registrara 54 casos el año pasado, la cifra más alta de sus últimos 17 años y que equivale a un incremento del 74,2% en comparación con 2022.
Bajo ese panorama, el secuestro con fines extorsivos también se salió de madre, pasando de 9 casos en 2017 a 37 casos el año pasado.
“La proliferación de grupos armados ilegales de distintas categorías es una de las principales preocupaciones para los habitantes de Antioquia. Según la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 2023, el 28,2% de los jefes de hogar en el departamento se sienten inseguros en su ciudad, y un 12,8% en su barrio o vereda”, añadió Antioquia Cómo Vamos en su informe.
Grupos están fuertes
Con la vista puesta en el mediano y largo plazo, la tarea para combatir la influencia de estos grupos se muestra cuesta arriba, sobre todo si se tienen en cuenta los datos relativos a su pie de fuerza.
A nivel nacional, el informe apuntó que si se cruzan los datos de varias investigaciones, el Clan del Golfo pasó de tener un estimado de unos 5.960 integrantes en 2016 a entre 9.000 y 14.000 en 2024, lo que equivale a un incremento del 93%.
De igual forma, en Colombia, mientras esa organización tenía presencia en 248 municipios en 2016 en 2024 la alcanzó en 316, lo que equivale a un incremento del 27%.
Pese a que en Antioquia su expansión no ha sido tan vertiginosa, el ELN es otra agrupación que se ha fortalecido durante los últimos ocho años, pasando de tener un rango de integrantes de entre 1.400 y 2.000 en 2016 a un estimado que sobrepasa los 6.000 en 2024, lo que equivale a un incremento del 141%.
En materia territorial, el ELN pasó de hacer presencia en 96 municipios en 2016 a 231 municipios en 2024, es decir que creció en 141%.
Por el lado de Antioquia, se estima que esta agrupación ha extendido sus tentáculos en por lo menos 33 de los 125 municipios, la mayoría concentrados en el Nordeste, el Bajo Cauca, Magdalena Medio y Norte.
Cabe recordar que en marzo de este año, las alarmas de la Fuerza Pública se encendieron en la subregión del Oriente antioqueño luego de que en un operativo se incautaran por lo menos cinco fusiles de asalto, una subametralladora tipo Mini Uzi, cuatro pistolas, tres granadas de fragmentación, material de intendencia y por lo menos 1.700 cartuchos ocultos en unas canecas plásticas impermeabilizadas.
Según información de inteligencia militar, dicho arsenal pertenecería al ELN, que se pensaba erradicado del Oriente antioqueño desde hace dos décadas, cuando allí funcionó la comisión Carlos Alirio Buitrago, hasta 2003.
Por su parte el EMC, que es la única estructura de las disidencias de las Farc que opera en esta sección del país, también se viene fortaleciendo, pasando de tener unos 400 integrantes en 2018 a cerca de 3.480 en 2024, lo que equivale a un incremento del 770%.
En materia territorial, la agrupación pasó de estar en 59 municipios en 2016 a 209 en 2024, lo que se traduce en un crecimiento del 254%.
A nivel regional, se estima que el EMC ya tiene presencia en por lo menos 19 de los 125 municipios de Antioquia, principalmente ubicados en la subregión del Nordeste, el Norte, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio.
Aunque ELN y el EMC han actuado de forma conjunta en algunos territorios, los análisis plasmados en el informe dan cuenta de que el Clan del Golfo sigue siendo de lejos el grupo que más ha logrado consolidar su presencia territorial y no tiene mayores contrincantes principalmente en zonas como el Urabá Antioqueño y los municipios más cercanos a la zona limítrofe con el departamento de Córdoba, en donde también su control predomina.
En contraste, las zonas que concentran los mayores choques son aquellas situadas en la línea limítrofe que separa a los departamentos de Antioquia y Bolívar.