El mandatario ya no habló de prohibición sino de limitación de vehículos a gasolina por razones ambientales, sin embargo, su gestión en este frente es insuficiente.
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Después de la polémica que generó el anuncio del alcalde Daniel Quintero de prohibir la venta de vehículos a gasolina en 2035, el mandatario moderó su discurso y este jueves ya habló de limitar y no de prohibir su venta. Sin embargo, su anuncio desde el evento Clinton Global Initiative en Nueva York pone de presente que la gestión ambiental de su gobierno va perdiendo el año en estas casi tres cuartas partes de su mandato.
Para la muestra, un botón: en la ciudad no hay día sin carro hace tres años, mientras que ha estado encartado con el pico y placa; el sistema de bicicletas, EnCicla, está en franco deterioro y los avances en la construcción de ciclorrutas —proyecto estratégico en el Plan de Desarrollo— no se ven; la emergencia climática no ha sido declarada, pese a peticiones ciudadanas y del Concejo; y los programas relacionados con la Ecociudad —caballo de batalla en su campaña— están desfinanciados.
Ahora bien, la defensa con la que Quintero ha acompañado su decisión de “prohibir” la venta de vehículos a gasolina en 2035 en Medellín ha venido acompañada de un discurso que prioriza la emergencia climática, los efectos de la contaminación en la vida de los medellinenses y cifras que, de cierto modo, son alarmantes. Es que hay que decir que la discusión de fondo que plantea el alcalde es urgente y no se puede perder en medio de anuncios olímpicos sin asidero jurídico.
Quintero ha dicho que el 82% de los gases efecto invernadero que se emiten en la ciudad provienen de fuentes móviles; que el 9% de las personas que mueren en Medellín son por causa de la contaminación; que el 20% de los autos que aquí se venden ya son híbridos; y que en 2027 los vehículos eléctricos serán más baratos que los que funcionan a gasolina.
Las cifras, como el debate, son pertinentes. Y más a esta altura, cuando la ciudad comienza a sufrir los efectos del cambio climático: el 25% de Medellín está en riesgo por esta crisis, 2.636 familias han sido desplazadas por emergencias y 12 quebradas representan alto riesgo.
Lo que salta a la vista, sin embargo, es que lo de Quintero es una movida discursiva, muy próxima, por cierto, a la intervención del presidente Gustavo Petro ante la ONU.
El alcalde Quintero reconoció que la prohibición de la venta de carros a gasolina es una medida que debe pasar por el Congreso, como han dicho expertos en derecho constitucional. “El Congreso ayudaría, pero los alcaldes tenemos potestad de limitar la circulación de vehículos”, expresó.
Sin embargo, con el ánimo de defender su decisión, habló de un decreto distrital para ponerle trabas a este tipo de vehículos. El alcalde, entonces, ya no habló de prohibir la venta, sino de limitarla.
“Medellín ha tomado la decisión de limitar la circulación de vehículos a gasolina a partir de 2035. Esto será establecido a través de un decreto distrital, que está a punto de ser firmado”, sostuvo.
Insistió, en este sentido, que “los alcaldes tenemos la posibilidad de limitar la circulación de vehículos en nuestro territorio. Hoy lo hacemos de forma particular: los carros eléctricos no tienen pico y placa, mientras que los a gasolina tienen restricciones”.
¿Qué hará de nuevo, entonces? El alcalde habló de restricciones a la matrícula de vehículos a la gasolina, cobros por congestión a los que contaminen, y restricción de horarios y corredores viales, medidas que no son nuevas en la ciudad, que sí están dentro de su resorte, pero que hasta ahora no solucionan de fondo el problema.
“Este mensaje lo que hace es decirle al consumidor: tenga cuidado a la hora de comprar un carro de gasolina, porque para 2035 será muy difícil”. Es decir, el anuncio del alcalde se concretaría en ponerles mayores trabas a la circulación de este tipo de vehículos, porque no puede prohibir su comercialización.
A propósito del debate por la restricción a la venta de los carros a gasolina, ¿la gestión ambiental de su gobierno respalda su discurso ambientalista? Las cifras, en sus dos años largos de administración, lo contradicen. Veamos uno a uno.
Veamos uno a uno:
1. El encarte pico y placa
Si algún tema ha puesto a trastabillar a esta Alcaldía ha sido el pico y placa. Hay que decir, en honor a la verdad, que la restricción estuvo suspendida durante 17 meses por cuenta de la pandemia. En septiembre de 2021, la administración anunció que el pico y placa volvía a regir, pero con modificaciones. Desde entonces se han tomado decisiones contradictorias. Por ejemplo, comenzó solo con un dígito, sacando apenas el 10% de los carros de las vías, medida que se quedó corta y tuvo que ser corregida en enero, cuando se agregó otro dígito.
Este 2022 comenzó con una nueva medida que causó revuelo. En febrero se implementó el pago por exención, es decir, el pago para no tener pico y placa. Eso generó la duda sobre si se estaba poniendo por encima el recaudo del beneficio ambiental. La medida se cayó en marzo, por su propio peso, pero luego se dijo que solo era un plan piloto. El pico y placa, de fondo, no ha tenido cambios que soporten un beneficio ambiental. A eso se suma que este año no se celebró el día sin carro ni en septiembre, como se pensó que sería, ni en abril, como lo tiene reglamentado la Alcaldía.
Los viajes de los 112.000 usuarios de EnCicla se han vuelto inciertos. Las estaciones automáticas del sistema gratuito afrontan una crisis por vandalismo y falta de mano que tiene a 15 de ellas —de las 101 activas en el área metropolitana— sin pantallas digitales, cables y daños en sus estructuras.
Son, en total, 22.000 usuarios los afectados. Y aunque el Área Metropolitana y la Alcaldía se excusan en el vandalismo, lo cierto es que la gestión se ha deteriorado. Hay estaciones cuya instalación concluyó en 2019 y, por falta de funcionamiento, terminaron sirviendo de dormideros para los habitantes de calle y de sede para los vendedores ambulantes.
Dos estaciones se han desmontado en Medellín por causa del deterioro: la de Otra Banda, en el Carlos E. Restrepo, y la de la Unidad Deportiva de Belén, impidiendo cerca de 1.000 préstamos diarios. Medellín Caminable y Pedaleable (brújula para consolidar un circuito de ciclorrutas en la ciudad) iba a medio camino a mitad de este año.
Inclusive, este miércoles se adelantaron manifestaciones ciudadanas en la ciudad por el mal estado del sistema. Desde el Parque de las Luces, líderes ambientalistas y usuarios reconocieron que el vandalismo es parte del problema, pero que en los últimos tres años el sistema ha ido en picada: hay problemas con el software, la conexión a internet y la expansión de la red no ha avanzado.
Según dijo la Alcaldía, Quintero se fue para Nueva York a “exponer” las acciones que ha desarrollado la ciudad en torno a la mitigación del cambio climático y la adaptación a los efectos de este fenómeno en el clima. Paradójicamente, en Medellín la ciudadanía, organizaciones y hasta el mismo Concejo llevan meses pidiéndole que declare la Emergencia Climática, que es la medida que permitirá verdaderamente emprender acciones concretas contra las amenazas que azotan a la población y al territorio.
Quintero salió en marzo de 2020 a anunciar que declaraba la emergencia climática, pero nunca pasó del anuncio, pues para hacerlo debía llevar el proyecto al Concejo y dotar la medida de presupuesto y un plan de acción concreto.
El Movimiendo de Laderas, una iniciativa comunitaria de cientos de ciudadanos, decidió liderar el debate y llevó al Concejo la hoja de ruta que debía emprender la Alcaldía: disponer de estrategias sociales, técnicas y financieras para brindar garantías a los pobladores en mayor situación de vulnerabilidad; asignación de un presupuesto específico al Plan de Acción Climática (que no pasa de ser letra muerta actualmente); crear una Comisión de Expertos Asesores en Cambio Climático con participación comunitaria; implementar la Política de Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas; y garantizar que el Dagrd y el Isvimed atiendan a las familias desplazadas en contexto de desastre, y aseguren el derecho a la vivienda digna de las personas ubicadas en zonas de riesgo, algo que incumplen flagrantemente porque Medellín se está convirtiendo en una ciudad de desplazados climáticos con más de 2.600 familias en esa condición actualmente.
El 15 de julio de 2022 el Concejo aprobó la solicitud a la Alcaldía para la Declaratoria Climática. Según conoció este medio, entre las dependencias de la alcaldía no existe coordinación ni saben cómo concretar técnica y jurídicamente el tema, a pesar de que el mismo Quintero hizo el anuncio dos años y medio atrás.
Lo que sugiere que, aparte de lanzar el titular, nunca asumieron rigurosamente el tema. EL COLOMBIANO publicó un informe que concluye que el 25 % del territorio de Medellín y sus corregimientos están bajo amenaza por el cambio climático.
La Secretaría de Medio Ambiente, encargada de liderar el proyecto de Ecociudad, ha afrontado recortes en su presupuesto. Uno de los principales escollos que tuvo en el Concejo la aprobación del presupuesto para esta vigencia fue la desfinanciación de está cartera. Para ese despacho se propuso un rubro de $74.076 millones, considerado como bajo para las pretensiones de la administración, a pesar de que tuvo un incremento en casi $8.000 millones con respecto a la vigencia actual.
Eso no es todo: la gestión de las quebradas de la ciudad parece estar en el papel. Y la cuestión es que no hay espacio para titubeos: el 100 % de la red hidrográfica de Medellín carga con algún grado de riesgo, según la subsecretaría de Recursos Naturales. Es decir: las 4.217 quebradas (56 afluentes principales y 4.161 secundarios).
De estas, 12 podrían desencadenar tragedias y, según sus vecinos, son escasas las gestiones que esta administración ha hecho. En riesgo crítico están La Iguaná, La Presidenta, Doña María, La Frisola, Malpaso, Marucha, La Picacha, Peña Liza, La Hueso, Altavista, La Madera, La Iguaná y San Pedro.
La gestión del riesgo, a cargo del Dagrd, también ha flaqueado. Aunque la emergencia en San Antonio de Prado estaba cantada por la comunidad y los bomberos, dos vidas se perdieron luego de un deslizamiento que implicó el represamiento de la quebrada Doña María.
En Villa Guadalupe y Manrique sufren por falta de respuestas ante evacuaciones por emergencias; mientras que un deslizamiento hasta ha cumplido años en Villatina, centro oriente de la ciudad.
