Estados Unidos revocó las visas de siete colombianos vinculados a procesos judiciales por corrupción o nexos con grupos armados.
- Cuatro están vinculados al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd).
- Otro más es Ricardo Roa, el expresidente de Ecopetrol en juicio por dos imputaciones de la Fiscalía.
- El otro es Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo investigado por enriquecimiento ilícito y llamado a juicio por financiar a “Los Rastrojos Costeños”.
- El último es José Ignacio Mesa, exalcalde de Envigado condenado por nexos con “La Oficina”.
La decisión, explicó el Departamento de Estado en un comunicado, cobija en total a 21 colombianos, pero la salvedad para los siete políticos tiene que ver con la política contra personas vinculadas a corrupción y narcotráfico.
“Esta política tiene como objetivos a extranjeros que, a través de actividades corruptas o narcotraficantes, socavan gobiernos democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, sin importar la afiliación política”, señaló el Departamento dirigido por Marco Rubio.
La medida aplica también a las familias de estas personas. Vamos caso a caso.
Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol. Duró los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro y está vinculado a dos juicios: uno por presunto tráfico de influencias durante su gerencia de la principal empresa del país y otro por violación de topes electorales durante la campaña presidencial de 2022 de Petro que Roa gerenció.
Yahír Acuña, alcalde de Sincelejo. Está vinculado a una investigación en la Corte Suprema por presunto enriquecimiento ilícito entre 2010 y 2018 cuando fue congresista; y está llamado a juicio por el mismo tribunal por presunta financiación de Los Rastrojos. A inicios de octubre, fue encarado en un video publicitado por la Casa de Nariño por el propio presidente Abelardo de la Espriella.
Wadith Manzur, senador preso y electo por el Conservador. Fue elegido a una curul en mayo pero no se ha posesionado porque está en la cárcel por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd. Fue llamado a juicio hace una semana señalado de recibir contratos para su región a cambio de votar proyectos en el Congreso.
Karen Manrique, representante presa y electa por curules de paz. Fue reelecta por Arauca en mayo pero también está en prisión por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd. También, como Manzur, está llamada a juicio por los mismos motivos.
Liliana Bitar, exsenadora del Conservador. Como Manzur y Manrique, fue llamada a juicio en octubre de este año por su presunta participación en el entramado de corrupción. Se le acusa de votar a favor de créditos del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a cambio de contratos para Córdoba.
Julio Elías Chagüi, exsenador de La U. Vinculado a la investigación sobre la Ungrd de la Corte Suprema de Justicia. Olmedo López, confeso corrupto y exdirector de la entidad, dijo que se reunió con Chagüí en 2023 para coordinar el direccionamiento de un contrato, por indicación según él del entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Chagüí era el senador vocero de la Comisión Primera.
José Ignacio Mesa, exalcalde de Envigado. También fue exrepresentante a la Cámara por Cambio Radical. Fue condenado a 76 meses de prisión por nexos con la banda criminal “La Oficina”. La sentencia fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2026: “Se benefició del apoyo de una organización criminal para ser elegido y que puso a disposición de ese grupo ilegal su función como alcalde y senador”, dijo la Sala en su momento.
