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Nacionales

Detectan fallas en la atención en hogares de personas mayores

Caso contrario al común de muchos centros, en la Colonia de Belencito, a cargo de la Secretaría de Inclusión Social de la alcaldía, los adultos gozan de excelente atención. FOTO CARLOS VELÁSQUEZ

POR GUSTAVO OSPINA ZAPATA

Secretaría de Salud halló que 66 % de estos incumplen normas. Ya se toman correctivos.

TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/

20 consejos para enfrentar el futuro

A juzgar por las denuncias de la Personería de Medellín y la Secretaría de Salud de la alcaldía, la mayoría de adultos mayores que ocupan los hogares gerontológicos de la ciudad no la están pasando bien y, al contrario, muchos de estos centros presentan deficiencias en la prestación de los servicios a esta población en riesgo.

Las principales falencias se presentan en los temas sanitarios y de salud, lo que genera una doble preocupación, ya que esta situación se da en plena pandemia por el virus covid-19, cuya presencia en el planeta y la ciudad sigue activa y representa un peligro de contagio, en especial para los adultos mayores, que son los más propensos a infectarse.

La alarma partió de un informe de la Secretaría de Salud basado en visitas a estos sitios de alojamiento. Esta dependencia tiene la competencia para ejercer control de la operación de estos hogares y, en caso de hallar anomalías en el servicio, tiene la potestad para imponer sanciones e incluso decretar cierres temporales o definitivos. En cumplimiento de esta función, visitó 87 de estos sitios y halló que 58 no cumplen las normas sanitarias y de infraestructura para brindarles la atención debida a sus usuarios.

Según Luz Bibiana Gómez, líder de Proyectos de la Secretaría de Salud, las visitas de inspección tienen la función de verificar que se cumpla con las condiciones que dignifiquen la estabilidad del adulto mayor y se les garantice un buen estado de salud, y dentro de este tema está que la infraestructura de los espacios tenga condiciones de saneamiento básico adecuadas en limpieza, desinfección, control de plagas y manejo adecuado de residuos sólidos.

“También revisamos que tengan actividades educativas, de salud mental, pero en estas visitas hallamos deficiencias de todo tipo, tanto estructurales como sanitarias”, advirtió.

Por lo anterior, la funcionaria conminó a los representantes legales de dichos establecimientos a que adopten correctivos y se ajusten a la normatividad para operar.

Desde la Personería
Estas denuncias fueron recogidas por el Personero William Yaffer Vivas Lloreda, quien insistió en que en el contexto de la pandemia la situación es más grave.

“Preocupa el impacto negativo que esto genera en los derechos de las personas mayores y más por el riesgo al que se exponen al covid-19 en relación con su estado de vulnerabilidad y la falta de control en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus dentro de estas instituciones”, advirtió el Personero.

Pese a la situación, hay dificultades en la aplicación de los correctivos. Según Luz Bibiana Gómez, de la Secretaría de Salud, cuando se toman medidas extremas como cerrar hogares, “se nos presenta la contingencia de que muchos adultos mayores no tienen familiares que se hagan responsables de ellos, a otros las familias simplemente les pagan la pensión pero los tienen abandonados y no están al tanto de lo que les pasa y entonces esto nos complica la situación”, subrayó.

A lo anterior, la Personería denunció que se han detectado casos en los que la Secretaría de Salud decreta cierres, pero al ponerles el sello de cerrado en las puertas, los establecimientos abren como si nada pasara. ¿Cómo lo hacen?

“En las visitas a estos hogares, desde la línea de investigación de Persona Mayor de la entidad, encontramos instituciones que, tras haber sido selladas, tapan los sellos con otros objetos, los pintan, borran su descripción o los quitan para evitar que usuarios, familiares y visitantes en general se den cuenta de la calificación otorgada por la autoridad”, dijo Vivas Lloreda.

Enfatizó que cuando un centro de protección, centro día o institución de atención a persona mayor es sellado por tener la medida de seguridad desfavorable, debe suspender de manera inmediata actividades hasta que se restablezcan sus condiciones, y esto no se está cumpliendo en la mayoría de estos sitios”.

Lo anterior -dijo Viasney Rengifo, personera Delegada del Área Penal- “constituye una violación a la medida sanitaria de seguridad impuesta y es una circunstancia agravante durante el procedimiento sancionatorio que lleva a cabo la Secretaría de Salud”.

Frente a esto, la Secretaría de Inclusión Social aclaró que el Personero y la Secretaría de Salud se refieren a los centros privados que ofrecen el servicio. Juan Daniel Pulgarín, Director Técnico del equipo de Personas Mayores, precisó que su dependencia tiene su propio sistema de atención de las personas mayores en condición de riesgo, atendido por subcontratación y con equipos de supervisión propios.

“Lo que debe hacerse no es tanto cerrar esos lugares sino que nosotros podamos asesorarlos para que se ajusten a la normatividad; cuidar personas mayores no es fácil, se requieren competencias claras y nosotros podemos capacitarlos y ayudarlos”, explicó. Dijo que sellar no es la solución.

“Usted sella un centro de esos y genera un subregistro, porque cualquiera abre un lugar y empieza a atender a estas personas, hay que darle a esto una mirada desde lo técnico y lo social”, concluyó

CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESIS
LOS ATENDIDOS POR LA ALCALDÍA
El director Técnico del equipo de Personas Mayores de la Secretaría de Inclusión Social, Juan Daniel Pulgarín, precisa que su dependencia atiende a cerca de 1.250 de estas personas en 18 centros privados subcontratados para el servicio, y en la colonia de Belencito (allí hay 250). Estos centros los supervisa la propia secretaría y tienen el que él llama “sello verde” para prestar el servicio, porque cumplen todos los requerimientos y protocolos para operar. Dice que la atención integral de cada persona mayor (término que considera el apropiado para referirse a los adultos mayores) en estado de riesgo por parte de la alcaldía cuesta entre $1’800.000 y $2’300.000 al mes.

 

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