Según la Fiscalía, los implicados habrían llegado a cobrar bajo amenazas cuentas de hasta $14 millones a turistas.
El ColombianoEl caso más grave que investigan las autoridades habría ocurrido el pasado 21 de octubre del año pasado, cuando dos ciudadanos panameños habrían sido retenidos y golpeados en una discoteca de ese sector de Medellín.
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De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, los dos turistas habrían llegado a ese establecimiento nocturno y habrían pedido tres botellas de licor, recibiendo luego una cuenta de $14 millones.
Tras presuntamente ser intimidados y agredidos, los visitantes habrían accedido a pagar la cuantiosa factura.
“Se evidenció que ante el constreñimiento y las agresiones físicas los extranjeros cancelaron la cuenta. La Fiscalía estableció además, que luego del pago abusivo, una de las víctimas fue retenida mientras que su compañero fue llevado hasta el hotel donde se hospedaba para entregarles otra suma de dinero exigida”, aseveró la Fiscalía en un comunicado.
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De igual forma, añadió el ente acusador, el 14 de mayo habría ocurrido un segundo episodio en el que la víctima fue un turista norteamericano.
En el caso de ese segundo visitante, este habría acudido a un establecimiento comercial y pedido unos pasabocas y unos tragos de licor extranjero, siendo luego presuntamente intimidado para pagar una cuenta de $2 millones.
En su investigación, la Fiscalía aseguró que la víctima habría sido retenida hasta por cuatro horas y luego de una intensa intimidación habría accedido a desembolsarle a sus agresores 485 dólares vía transferencia virtual.
“El segundo hecho habría ocurrido en otro establecimiento ubicado en la zona rosa de este sector y de propiedad del mismo grupo empresarial donde se registró el primer suceso”, añadió la Fiscalía.
Por todos estos hechos, unas 10 personas, que trabajarían como empleados de esos establecimientos, fueron imputados por la Fiscalía con el delito de secuestro extorsivo agravado.
Aunque los diez implicados no aceptaron los cargos e insistieron en su inocencia, un juez de control de garantías ordenó que fueran recluidos en la cárcel mientras se resuelva su situación judicial.