Población desplazada por el conflicto armado, principalmente del Chocó, está expuesta a todo tipo de riesgos en la calle. Piden no dar limosna y canalizar las ayudas con la alcaldía.
En el bullicioso sector de El Poblado, donde el vaivén de turistas y el ajetreo de la ciudad parecen no detenerse, una escena se repite una y otra vez. En las esquinas, a lo largo de cinco cuadras hasta llegar a Provenza, un niño indígena, de apenas tres años, se aferra a la falda de su madre. Su mirada, mezcla de inocencia y cansancio, con el rostro marcado por el agotamiento, extiende una mano pidiendo una moneda al paso de los transeúntes. Aunque el gesto es breve, cada encuentro cuenta en su lucha diaria por sobrevivir, lejos de su tierra, Chocó.
Las cifras de la Gerencia Étnica y la Unidad de Niñez revelan una cruda realidad. Estas madres, la mayoría pertenecientes a las comunidades emberá katío de El Carmen de Atrato y el Alto Andagueda, logran recaudar entre $200.000 y $400.000 diarios pidiendo monedas en las calles de Medellín. Aunque este ingreso puede parecer considerable, está lleno de peligros.
Las madres y niños, según registra la Gerencia, se encuentran en un rango etario desde lactantes hasta los 11 o 15 años y se exponen a abusos sexuales, accidentes de tránsito, consumo de sustancias psicoactivas, inmersión en dinámicas delincuenciales, exposición a la trata de personas e incluso, pérdida de las identidades culturales.
Sonia Inés Peña Rentería, líder del Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados de la Personería Distrital de Medellín, relata que desde 2021 han trabajado para enfrentar esta problemática. “Los indígenas que llegan del Chocó, por temas de conflicto armado y desplazamiento, se encuentran desplegados en las comunas 10, La Candelaria; 14, El Poblado; 15, Guayabal; y 12, La América”.
El desarraigo no solo es geográfico, es también emocional y cultural. Para muchos de ellos, el conflicto armado no solo les arrebató su hogar, sino también su sentido de pertenencia. En los primeros meses de su llegada, la administración municipal les ofrece un albergue temporal donde se les provee comida, techo y otras ayudas básicas por un lapso de dos o tres meses. Una vez pasan estos meses de asistencia inicial, las familias Emberá quedan nuevamente a merced de las calles.
Tras esos primeros meses, la Unidad para las Víctimas se convierte en la entidad encargada de brindarles apoyo. Pero este apoyo es esporádico y no suficiente para cubrir las necesidades de una familia que vive en una ciudad costosa como Medellín. “Les dan un millón de pesos cada cierto tiempo, no lineal”, señala Sonia Inés Peña.
Pero, ¿qué es eso para alguien que tiene que sobrevivir en la ciudad? La cantidad puede sonar significativa, pero en el contexto urbano, donde la comida, el arriendo y los servicios básicos son costosos, ese millón se esfuma en pocos días. Entre una entrega y otra, pasan semanas o meses sin recibir más ayuda, lo que obliga a estas familias a buscar otras maneras de subsistir.
Es ahí donde entra la mendicidad como una opción casi inevitable e incluso más llamativa económicamente. Mujeres con niños pequeños, algunos lactantes, se ubican en las esquinas más concurridas de Medellín, particularmente en El Poblado y el Parque Lleras, pidiendo dinero a los turistas. Las madres, cargando a sus bebés en los brazos, tocan el corazón de los transeúntes, quienes a menudo les entregan monedas, billetes, o incluso ropa y alimentos.
Sandra Milena Sánchez, secretaria de Inclusión Social, añade que en la comuna 14, las familias emberá katío están organizadas en turnos para la mendicidad. “Desde la Secretaría tenemos presencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana en las zonas concurridas de El Poblado, y observamos que pueden llegar a recibir entre $200.000 y $400.000 al día. O incluso intercambian los alimentos y otros artículos que les dan por dinero”, explica Sánchez.
Además, afirma que desde la Gerencia Étnica y la Unidad de Niñez se acercan a los inquilinatos donde estas familias se radican ubicados en Prado Centro, Niquitao y Enciso El Faro. Al llegar allí, les ofrecen la oferta institucional para escolarizar a estos niños. Sin embargo, aunque un 80% de ellos se registra en instituciones educativas, solo el 40% asiste regularmente.
Respecto al sector, la Unidad Móvil también llevó a cabo una caracterización social de todas las familias residentes en el sector de Niquitao, donde se encuentran las mujeres emberá katío que tienen presencia en El Poblado. Además, se identificaron 60 familias, con un total de 272 personas, todas en condiciones de vulnerabilidad.
En cuanto a la cifra de escolarización de los menores emberá katío, según la Gerencia Étnica se encienden las alarmas ante la poca cantidad de menores en la oferta, pues 59 niños y niñas se encuentran inscritos a instituciones públicas del distrito y solo 3 están siendo asistidos en Buen Comienzo.
La Personería de Medellín también ha buscado acciones más contundentes. Sonia Inés Peña Rentería explica que se interpuso una tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, buscando detener la instrumentalización de los niños en la mendicidad. Sin embargo, la tutela no prosperó. El Icbf argumentó que ya se habían tomado medidas de impacto, pero desde la Personería aseguran que el problema persiste. “Nosotros, que estamos en contacto con estas familias, sabemos que el problema no se ha resuelto”, afirma Peña.
La preocupación de la Personería radica en que, a pesar de las esfuerzos, la problemática no ha sido erradicada, y en muchos casos, se ha evidenciado que algunos niños incluso son prestados o intercambiados entre familias para pedir dinero en las calles.
Aunque se ha logrado una disminución del 50%, según la Personería, más de 900 niños han sido canalizados este año por la Policía de Infancia y Adolescencia y el ICBF, con la esperanza de restablecer sus derechos. Mientras tanto, la lucha diaria de estas familias continúa, entre el desarraigo y la necesidad, buscando en las calles lo que la vida les arrebató en sus tierras.
“Tu dinero no cambia sus vidas, los condena a la mendicidad” es el principal mensaje de una campaña de la alcaldía para que los ciudadanos no den limosna en las calles.