En el seguimiento a la alerta temprana 033 de la Defensoría del Pueblo, basada en el aparte “derecho a la tierra, el territorio y otros bienes”, la entidad resalta un renglón especial del territorio sucreño como lo es la población indígena.
El documento señala que al menos seis municipios de este departamento se ven envueltos en la disputa territorial con los grupos al margen de la ley, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo.
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Puntualizan que las poblaciones afectadas son San Antonio de Palmito, con 19 cabildos indígenas que hacen parte del Resguardo Indígena San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre, como son Algodoncillo, Guaimí, Los Castillos, Pueblecito, Palmar Brillante, El Olivo, El Barsal, La Gran Vía, Media Sombra, Pueblo Nuevo, Área Urbana, San Martín, Centro Azul, Chupundún, El Martillo, San Miguel, La Granja y Cabecera.
De igual manera hacen referencia a Toluviejo con 14 cabildos indígenas que hacen parte del Resguardo Indígena Yuma de Las Piedras, en constitución, los cuales son Las Cavernas, Queveva, Cienaguita, La Piche, Cañito, Caracol, Las Piedras, Venta La Esperanza, Varsovia, Manica, Palmira, Unión Floresta, Gualón, Los Altos y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Cañito.
También se encuentran en el enunciado Ovejas, donde enumeran 3 cabildos indígenas autónomos que no hacen parte de ningún resguardo Indígena, estos son Galapa, Vilut y San José de Almagra.
En esa línea citan a San Onofre, con 7 cabildos indígenas, que son Palo Alto, Berrugas, Rincón del Mar, Pajonal y Libertad, San Onofre Urbano y Labarcé.
La lista la cierra Morroa con el cabildo indígena Morroy, y Colosó, con La Esmeralda, y los consejos comunitarios Comunidades Negras de Los Montes de María Buenos Aires y el Afrocolombiano La Ceiba.
Gobernación de Sucre y las Alcaldías de los municipios mencionados, las entidades relacionadas con asuntos de tierra deben revisar lo concerniente a la legalización de predios rurales de la población campesina y comunidades étnicas señaladas en el documento, y si es el caso, impulsar, ejecutar y apoyar los procedimientos judiciales o administrativos tendientes a sanear la situación jurídica de dichos predios con el fin de obtener seguridad jurídica en el objeto de la propiedad, especifica la alerta.
En el monitoreo adelantado por la Defensoría del Pueblo, se han encontrado riesgos para la población reclamante de tierras, población en proceso de retorno, campesinos, denunciantes, solicitantes de garantías y demás.
A eso le suman que deben desarrollar acciones para garantizar el goce efectivo de derechos en el marco del proceso administrativo de restitución de predios, revisando las condiciones de seguridad para la población y los reclamantes y recomiendan hacer un análisis sobre la capacidad de ocupación material de los bienes que contemple, inclusive opción de compensación en casos de imposibilidad material de ocupar los predios en proceso.
«En la subregión de Montes de María, en Sucre, donde están la mayoría de municipios mencionados en la alerta temprana, varios conflictos alrededor del acceso a la tierra y al agua se tejen en relación con la supervivencia de las comunidades étnicas y campesinas, enfrentadas con visiones de desarrollo basadas en la explotación minero-energética en la zona, la agroindustria y la permanencia de los grandes latifundios y las relaciones sociales históricas construidas alrededor de este. Estos conflictos ‘eco- territoriales’ constituyen un elemento de riesgo para la población civil de la subregión que, en el pasado, ha visto como la guerra ha sustituido el papel de la negociación política y social», explica la Defensoría del Pueblo en el comunicado.